Eleva la masa coparticipable del 12 al 25% y excluye a Malargüe del reparto por comuna.
La iniciativa eleva no sólo las regalías petrolíferas, sino que también incluye las uraníferas, hidroeléctricas y gasíferas. El crecimiento de la masa coparticipable intenta evitar una puja entre intendentes productores y no productores; pero afecta directamente a la Provincia (titular de los hidrocarburos) al reducir de 88 a 75 el porcentaje que hoy le queda al Estado. "En realidad no afectamos a la Provincia, ya que los fondos tienen destino específico para obras que -de todas maneras- debe hacer la Provincia en los municipios", respondió el presidente del bloque en senadores, Carlos Aguinaga.
"Y se evitan los condicionamientos políticos que enfrenta cada municipio para acceder a obras, ya que hoy debe someterse al poder central, haciendo buena letra para que no la eliminen por decreto como sucedió hace pocos días con Luján, Godoy Cruz y Capital", manifestó en referencia a un reciente movimiento de partidas dispuesto por el Ejecutivo. Los bloques demócratas propician también la derogación del artículo 37 del presupuesto, que autoriza a estos cambios de destino en las partidas.
El proyecto del PD sobre regalías contempla modificar la ley 6.396, que fija el porcentaje de distribución entre los departamentos -hoy en proporción directa a la producción- y en su lugar propone que sea repartido "el 70 por ciento en proporción directa a la producción de cada departamento y el 30 por ciento restante en partes iguales para cada departamento, excepto el de Malargüe".
El proyecto lleva la firma de Aguinaga, del diputado Aníbal Ríos, del senador Ernesto Corvalán y los diputados Aldo Vinci, Hugo Babolené, Jesús Riesco y Rómulo Leonardi.
"Proponemos una forma transparente y estable de distribución de las regalías petroleras que pertenecen a la provincia de Mendoza entre todos los Municipios, que les garanticen los fondos necesarios para obras públicas de infraestructura", señaló Ríos.
El proyecto establece que los recursos provenientes de los hidrocarburos no podrán ser destinados a gastos corrientes, sino que tendrán que invertirse en obras públicas. La iniciativa demócrata entra en sintonía con propuestas similares del radical Víctor Fayad y el justicialista Alejandro Abraham, aunque en ambos casos se apunta más a una redistribución municipal.

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