Al especificar la actuación se establece la suspensión de "ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho, de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios, que se encuentren en los casos previstos en los artículos 3.999 o 4.015 del Código Civil".

Sin embargo, grupos de campesinos en toda la provincia siguen denunciando las intenciones de desalojos que pesan en su perjuicio por parte de quienes dicen ser titulares de las tierras.

Este medio había dado cuenta de la situación vivida en el límite entre Santiago del Estero y Salta, en donde algunos que dicen ser titulares fueron a amedrentar con guardias armados a campesinos, habiendo baleado a uno de ellos.

Sin embargo, en estos parajes, y según se informó en la Dirección General de Inmuebles, no existe ningún titular registral ni ninguna tierra con catastro.

En la zona, los conflictos con personas armadas siguen.

Según informaron referentes del MOCASE a Nuevo Diario, habría personal policial que (se supone, con la paga por adicionales), estarían amedrentando a las familias que habitan los parajes Puesto Lobo y Punta Lobo, ubicados en Salta. Según el relato, los policías van "todas las semanas a alambrar y les dijeron que por las buenas o por las malas lo van a hacer".

Ante ello, los campesinos advirtieron que iniciarán medidas como guardias permanentes en los puestos, para evitar que los terrenos en los que se encuentran las familias no sean alambrados.

En tanto las situaciones de amenazas de desalojo se repiten entre los campesinos, desde la provincia no se dispuso aún el relevamiento de tierras para regularizar la situación dominial de los campesinos, al momento que tampoco se reglamentó la Ley, a pesar de estar promulgada desde enero de 2011.