El gobierno promulgó y publicó ayer la ley que establece el Control ciudadano de la Policía, en virtud del cual, mediante un sistema de audiencias públicas, organizaciones sociales podrán emitir su opinión cada vez que se propongan ascensos para miembros de la fuerza.

En el Boletín Oficial fue publicada la Ley 10.197, promulgada por el Poder Ejecutivo, cuyo artículo 3 establece que, "durante el proceso de promoción de los oficiales de la Policía de la Provincia, las organizaciones sociales del lugar donde aquellos prestan sus servicios, podrán pronunciarse sobre las condiciones personales y profesionales" de los propuestos.

La ley prevé que se convocará a audiencia pública donde presten servicio, para que "los representantes de las organizaciones civiles, religiosas, gremiales, empresariales, centros de jubilados, vecinales y asociaciones sin fines de lucro, puedan hacer saber su parecer respecto de la actuación del oficial y sus condiciones personales, morales, profesionales y de servicio".

Los pasos

La audiencia pública será convocada "antes de que el oficial -en condiciones de ascender- sea propuesto a la Junta de Promoción" y se aclara que, de aquella, "no podrá participar ni asistir el personal policial, cualquiera fuera su situación de revista".

Las opiniones expresadas durante la audiencia "serán consignadas en un acta, que luego se elevará a la Junta de Promoción y a la autoridad de aplicación", que deberá ponderar "su contenido para receptar o rechazar las posiciones" expresadas por los ciudadanos, que deberán ser acompañadas junto con la propuesta de ascensos.

Durante los 30 días anteriores a la celebración de una audiencia pública, según la ley, se habilitará el Buzón del ciudadano, para que "los vecinos del lugar (en el que los oficiales en condiciones de promoción presten sus servicios) puedan pronunciarse -en forma personalizada o anónima- sobre las condiciones personales y profesionales" de los efectivos.

La ley exige que, para cumplir con el cometido previsto, se implemente "un amplio proceso de difusión" de este programa tendiente "a obtener la sensibilización y concientización de la ciudadanía y de los propios funcionarios policiales".

La norma faculta al Poder Ejecutivo a "implementar esta normativa de manera gradual y progresiva, en todo el territorio provincial, en un plazo de dos años", al tiempo que lo faculta para "efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento" a la ley.

La necesidad del control ciudadano había sido reclamada por la oposición tras los hechos que se generaron en Córdoba entre el 3 y el 4 de diciembre del año pasado, ocasión en la que hubo saqueos durante el acuartelamiento concretado por efectivos de la policía provincial que dejó sin seguridad a la población.