Se interpretó como un error compartido entre los concejales y la intendencia. Una ordenanza, aprobada en septiembre de 2010, obliga (todavía sigue vigente) a los bancos a disponer medidas para reforzar la seguridad en beneficio de sus clientes. Sin embargo, la norma no se puso en práctica y, peor aún, abrió una controversia respecto de si es aplicable o no.

Todo comenzó en septiembre de 2010, cuando el concejal oficialista Raúl Pellegrini presentó un proyecto para que las entidades financieras de la ciudad instalen "separadores" (biombos o muros divisorios) entre los cajeros. El objetivo era evitar que los clientes puedan ser "marcados", como se dice en la jerga, y terminar siendo víctimas de una "salidera bancaria". En aquel momento, el proyecto fue aprobado por unanimidad (oficialistas y opositores levantaron la mano).

Sin cumplimiento

Luego de la comunicación oficial, el intendente de la capital, Domingo Amaya, promulgó la norma, que quedó registrada con el número 4.307/10. De inmediato, la ordenanza entró en vigencia. Pero pasó el tiempo y ningún banco dispuso de los "separadores" entre los cajeros.

Además, se fijaron sanciones a los bancos que no cumplan con la nueva disposición municipal. "El incumplimiento de la presente ordenanza será sancionado con multa de entre $50.000 y $ 100.000 -advierte el artículo cinco-, otorgándosele un nuevo plazo de 30 días, vencido el cual, si se mantiene el incumplimiento, la sanción será la clausura del local hasta que se materialicen las obras de adecuación a la presente ordenanza".

En enero pasado, al observar que los bancos no habían instalado los "separadores", el concejal Pellegrini insistió en que se tomaran las medidas correspondientes. Lo hizo por medio de una nota dirigida al intendente Amaya en la que precisó haber constatado personalmente la falta de cumplimiento de la ordenanza. Además, Pellegrini reclamó que Amaya "instruya al área correspondiente a que efectúe el relevamiento necesario y las sanciones que correspondiere" en las entidades bancarias.

Cambio de planes

La misiva de Pellegrini durmió en algún cajón de escritorio de la intendencia hasta que Amaya pidió, la semana pasada, la derogación de la ordenanza. El argumento esgrimido por el intendente era que la seguridad bancaria está regulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en base la Ley nacional 26.637 que refiere a las medidas de seguridad que deben cumplir las entidades financieras.

El proyecto de derogación, enviado por Amaya, llegó al recinto en la última sesión (el mismo día que juró y pidió licencia Ignacio Golobisky). Sin embargo, los concejales no se pusieron de acuerdo sobre el planteo amayista.

El edil oficialista José Franco (presidente de la comisión de Hacienda), embanderó la postura del intendente. "Tiene razón -aseguró Franco-, es el Banco Central el que dispone las medidas de seguridad".

Por su parte, los opositores Claudio Viña (FR), José Costanzo (Partido Autónomo) y José Luis Avignone (UCR), por separado, cuestionaron el pedido de derogación efectuado por Amaya.

La pulseada política se desató en el recinto y, al final, ganó la oposición que logró sumar el voto de otros cinco oficialistas para enviar el proyecto a comisión. Los opositores celebraron el respaldo de los concejales peronistas Luis Humberto Marcuzzi, Sara Noemí Correa, Juan Carlos Mamaní, Teresa Felipe de Heredia y Esteban Dumit.