El flagelo de la drogadicción se ha convertido en un mal endémico que azota cada región de nuestro país y que tiende a extenderse hacia todas las capas sociales. Ellas ya no son inmunes a padecer los efectos desgarradores que se traducen en deficiencias psíquicas, físicas y sanitarias no sólo en el organismo, sino además, vulnera las propias interacciones que el sujeto mantiene con el ambiente.

Por tal motivo y con el objeto de constituir un esquema de protección, prevención, control y seguimiento de aquellos casos que se encuentren inmersos bajo este condicionamiento para un normal desarrollo, el senador por Tucumán José Cano (presidente de la Comisión de Salud) presentó en la Cámara Alta dos proyectos que tiendan a brindar un tratamiento normativo para paliar el panorama descripto anteriormente.

De este modo, se configuró, por un lado, la creación de un "Plan Nacional de Adicciones" que posibilite coordinar y potenciar las políticas públicas en materia de prevención, asistencia, capacitación e investigación de las adicciones. Asimismo, en un nivel paralelo a esta iniciativa, se pretende implementar en todas las escuelas públicas y privadas del país un diseño curricular con carácter de obligatorio, fundamentado en base a un programa sobre " Tabaquismo, Alcoholismo y Drogadicción".

Tratamiento multidisciplinar

En relación al primer tópico, vale indicar que en la letra del proyecto figura la necesaria concreción de un esquema que promueva el análisis y la gestión de un conjunto de programas de asistencia y reinserción social en el ámbito de las drogadependencias, cuya ejecución se efectúe en coordinación con las distintas instituciones que participen en el Plan Nacional de Adicciones. Además, se recalca que todos los lineamientos propuestos bajo este Plan deberán incluir estándares de tratamiento destinados a pacientes privados de su libertad.

"El uso de drogas capaces de modificar los comportamientos motivados está muy extendido en la población general. Si tenemos en cuenta, que el uso del alcohol y del tabaco presentan prevalencias muy superiores a las de estas drogas, nos encontramos ante uno de los mayores problemas sanitarios tanto por prevalencia como por su alto impacto social", argumenta Cano, para entablar contextualmente la discusión y abordar la temática en cuestión.

A su vez, el parlamentario sostiene el alto grado de complejidad que le compete a un análisis como el que se intenta implementar en los casos de drogadependencia, por lo que destaca la importancia de arribar a un estudio multidisciplinar y transversal del mismo.

"Resulta tan importante el conocer los determinantes de las acciones agudas y crónicas de cada droga, como los mecanismos que facilitan su difusión, patrones de uso, penetración social, posibilidades de prevención e intervención, cambios a tiempo real. No es posible concebir por tanto un abordaje puramente médico, sociológico o legislativo del problema", es una de las consideraciones que se destacan en el proyecto. Entre los datos esgrimidos figura un aumento exponencial de la oferta de drogas ilícitas en los últimos 12 años, situación que se grafica en una expansión del consumo, el cual, tiempo atrás, se focalizaba marginalmente en ciertos grupos sociales, pero que, en la actualidad, ha pasado a ser un evento de tipo abarcativo y central.

"La distribución de drogas en numerosos barrios, en plazas, y aún dentro de establecimientos escolares son fenómenos repetidos. En los últimos años, se ha comprobado, según fuentes de Policía Federal, la producción local a gran escala de marihuana y la existencia de cocinas de producción y corte de cocaína", sostiene Cano.

Lo señalado, se objeta, sería causado por la ausencia total en estos últimos diez años de una política de estado federal, activa y clara con un plan de drogas de escala regional y nacional. Sin embargo, el proyecto persigue indagar y promover soluciones que vayan mucho más allá de las desavenencias superficiales.

"El problema no son las drogas. En tanto no levantemos el velo de lo que la droga tapa, no bastarán los centros de día ni las fundaciones para atender la epidemia de actos adictivos; actos que son un síntoma social en tanto gritan lo que una sociedad calla: crisis de valores, estallidos institucionales, ausencia de políticas, violación de los más elementales derechos humanos de una población excluida", indica un fragmento de la iniciativa parlamentaria.

Traspolación en la demanda

Otra de las facetas en la cual se hace hincapié como factor determinante en la propagación de este flagelo, se vincula con el cambio en los perfiles y la tipología de la población demandante de estupefacientes. El proyecto estipula que, anteriormente, la demanda provenía de familias clase media, media baja y con escasos pedidos judiciales. Pero, en la actualidad, tipifica Cano, los establecimientos públicos y privados dedicados a la asistencia del drogadependiente, reciben en un 70 por ciento demandas de juzgados de menores, de familias fragmentadas o inexistentes, de jóvenes internados en institutos penales o en programas para "chicos en situación de calle".

"En este nuevo milenio el fenómeno del narcotráfico y el uso indebido de estupefacientes se alza ante nosotros como una grave amenaza contra la salud de la sociedad, que daña la convivencia social y la firmeza de las instituciones, al tiempo de estimular otras actividades ilícitas como el tráfico de armas y el lavado de dinero", advierte el senador.