Se trata de un proyecto que propone alcanzar igualdad de derechos e integración para personas con discapacidad auditiva. Esta iniciativa propone, en rigor, brindar atención sin discriminar a nadie, tanto en organismos de los tres poderes del Estado como en los entes descentralizados o autárquicos ya sean públicos o de gestión privada, y en las empresas concesionarias de servicios públicos.

En todos los casos, el Estado provincial estará obligado a disponer la presencia de personas capacitadas para brindar comunicación a través del lenguaje de señas, al igual que en todos los actos oficiales con difusión oral.

“Es importante señalar que, según la ONU, la lengua de señas es un idioma con el mismo rango que cualquier otra lengua oral, por eso necesitamos avanzar en su implementación y evitar la exclusión de las personas que sufren disminución auditiva”, indicó Viviana Nocito, legisladora del Frente para la Victoria-Partido Justicialista y autora del proyecto.