Aunque la Justicia Federal se expida de igual forma que lo hizo en San Luis y San Juan, la aplicación del decreto 699 que la presidente Cristina Kirchner firmara el 20 de mayo de 2010, necesita resolver aún sobre la gestación del decreto reglamentario adicional porque sin él, no podrá ser ejecutorio del decreto anterior. Si ello ocurre, no hay Promoción Industrial.

Ayer al mediodía llegó la primera respuesta de la Justicia a los gremios que días atrás realizaron la presentación de un recurso de amparo para recuperar la Promoción Industrial, y aunque no se accede a la medida cautelar el abogado de los gremios, el Dr. Enrique Leiva se mostró optimista por el resultado.

Lo importante es que de la presentación realizada “el juez se ha declarado competente” y pedirá “seguramente el informe correspondiente a la AFIP” por lo cual estima que en el tiempo el resultado “debería ser igual a las presentaciones de San Juan y San Luis”.

Explicó que aquellas provincias ya tienen una resolución porque “sus presentaciones fueron realizadas con bastante antelación a la presentada por los gremios riojanos, que siguen los mismos pasos que aquellas y puede conocer una respuesta favorable en un plazo de noventa días aproximadamente”.

La presentación en definitiva, no logró que se ordene a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) continuar acreditando en las cuentas computarizadas los bonos de crédito fiscal en las condiciones vigentes a la fecha de la sentencia, hasta tanto se dicte el Convenio de Instrumentación, pero persigue la segunda instancia que es un fallo similar al de la empresa AVH de San Luis.

Leiva, sin embargo, dejó en claro que “para que esa respuesta tenga peso deberá ser acompañada por un decreto adicional” al que el abogado calificó como “una trampa al momento de firmar el Decreto 699”.

Explicó que “si el Juez se expidiera como ya lo hicieron con la firma AVH de San Luis ordenando la instrumentación del Decreto 699, dado que fue dictado en el marco de la emergencia laboral, tampoco podría aplicarse éste porque el Decreto adicional en cuestión nunca fue firmado.

No obstante, Leiva es optimista pese al fallo transcripto en la notificación de ayer al mediodía porque “si hubiera sido favorable la AFIP podría haber apelado y todo se tornaría más confuso”.-

Por todo lo expuesto, el abogado que representa a los gremios habló de “una necesaria participación de los políticos locales”, y fue claro en sus conceptos ya que “en Catamarca ante la caída de la Promoción, el Gobierno decidió subsidiar el transporte del producto terminado y con ello dio un respiro ante la pérdida de los beneficios. En cambio, en La Rioja, todos sabían que la Promoción Industrial se caía en 1995 y no hemos hecho mucho por dar una solución.

Los gremios se reunían anoche para conocer los detalles de la comunicación de la justicia y la explicación del abogado Leiva quien aseguró no tener dudas “que se instrumentarán medidas de fuerza progresivas que llamen tanto la atención de los políticos locales como nacionales”

No hay respuestas y La Rioja pierde empleos

La Rioja solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ser considerado parte en la causa en la que el Gobierno Mendoza cuestiona la constitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 699 que prorrogó la Promoción Industrial en nuestro territorio

El gobernador Beder Herrera, con el patrocinio del fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, solicitó al máximo tribunal que se corra traslado a la Provincia de la demanda presentada por el Estado mendocino a fin de ejercer en plenitud todas las defensas pertinentes.

En el escrito, el Gobierno Provincial señala que la terminación sin continuidad alguna de un régimen de promoción vigente, genera consecuencias directas e inmediatas sobre la Provincia cuya actividad industrial se basa en la existencia de esa medida de fomento estatal. En sus fundamentos, el Gobierno Provincial afirma que las empresas promocionadas brindan empleo a más del 10 por ciento de la Población Económicamente activa de la Provincia, lo que equivale a aproximadamente 12.000 fuentes de empleo.

Siguiendo esa presentación queda en claro que el Parque Industrial sigue un claro proceso de deterioro ya que el líder de la CGT Reinoso en una de sus últimas declaraciones informó que en el Parque Industrial hay 8.500 puestos directos y 20.000 indirectos los afectados.

Desde el anuncio de la finalización de la Promoción Industrial se han producido ya muchos despidos que afectan directamente al poder adquisitivo de gran cantidad de familias que en algunos casos llegan a cobrar una indemnización, que en otros casos se encuentran en litigio y en otros concluyendo con el pago del subsidio por desempleo por el plazo de seis meses.

Dice la letra del cuestionado decreto… “debe destacarse que la preservación y promoción de las actividades industriales en las provincias integran las políticas impulsadas por el GOBIERNO NACIONAL a fin de lograr el progreso y desarrollo equitativo de las mismas, procurando la continuidad de sus fuentes de trabajo, así como un crecimiento sustentable que asegure un adecuado aumento de las oportunidades de empleo productivo.