De acuerdo con un importante diario del interior del país, entre los argumentos que sostienen esta propuesta destaca la necesidad de “revertir la profunda desigualdad en el nivel de desarrollo del país” que registra la región “a través de una política fiscal e impositiva, que aumente sus ventajas competitivas y atraiga inversiones”, al tiempo que estima que el total del cupo fiscal anual para todo el régimen será de 2.900 millones de pesos para diez provincias argentinas.

Este proyecto está dirigido a beneficiar a las diez castigadas provincias del Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) argentinos -Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones y La Rioja. Por el momento, el texto no incluye a San Juan ni a San Luis.

En caso de aplicarse este régimen, se traslada la frontera de los beneficios fiscales al límite Norte de San Juan, lo que liberaría a Mendoza del cerco de provincias promocionadas en sus fronteras, uno de los ejes de los planteos que históricamente hizo esta provincia contra la Promoción Industrial, al considerar que ésta ubicaba en desventaja para competir en la radicación de nuevas industrias.

La propuesta ingresó a la Cámara baja de la Nación, con pretensiones de ser debatida durante el 2011, aunque todavía no se sabe si sustituirá o complementará el decreto 699 que aún continúa sin aplicación, y cuya tramitación derivó en un pedido de jury para el fiscal de Estado mendocino, Joaquín de Rosas.

Otra promoción

La nueva iniciativa de La Rioja propicia “la aplicación diferenciada del impuesto a las ganancias, un 20 por ciento menor los primeros cinco años; un impuesto a las transferencias de combustibles diferenciado, como sucede en la Patagonia; la exención parcial en cobros de IVA y Ganancias a las empresas de transporte de carga hacia o desde el Noroeste y Noreste; la reducción del costo de la energía y una deducción del ciento por ciento del impuesto a las Ganancias a las inversiones en bienes y en obras de producción local”.

A su vez, apunta a “las actividades industriales y obras de infraestructura, que tengan principio de ejecución desde la entrada en vigencia de esa ley y hasta tres años posteriores, y se encuentren concluidos dentro del período de aplicabilidad”, el cual sería de cinco años.

Las trabas de la prórroga a la Promoción

En primer término, el decreto presidencial 699 fue frenado por Mendoza, que realizó una presentación judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque luego de negociar con el Gobierno nacional y con Catamarca, San Juan, San Luis y La Rioja, levantó la medida a cambio de su inclusión en el régimen promocional y la adhesión al programa de desendeudamiento. No obstante, si bien retiró acción legal, el decreto que incluiría a esta provincia nunca se publicó en el Boletín Nacional.

A continuación, La Pampa fue a la Corte Suprema y pidió que se declare inconstitucional el decreto 699. La estrategia del gobernador pampeano, Oscar Jorge (PJ), es sumar a su provincia al régimen de beneficios fiscales para las industrias, tal como lo habría conseguido Mendoza. Por lo que la aplicación de la normativa presidencial sigue “congelada”.