Quince cámaras empresarias mendocinas se presentarán el lunes ante el máximo tribunal nacional para adherir al amparo y el pedido de inconstitucionalidad oficial. Las provincias promocionadas, en tanto, actuarán en bloque para defender el decreto presidencial 699.
Entre otras organizaciones el listado comprende a la la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, CEM, FEM, Aderpe, Adema, CGT regional Mendoza, Unión Gráficos Argentinos (filial Mendoza), Asociación de Productores y Exportadores de Fruta en Fresco, Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, Cámara de Empresarios de la Ciudad (Cecitys), Cámara de Frutas Industrializadas de Mendoza y las cámaras de comercios de Tunuyán, Tupungato, San Martín y Las Heras.
También participaron de las reuniones previas a la presentación las cámaras Olivícola, de Empresarios Mineros y de Comercio de San Rafael, autora del amparo ante el juez federal de ese departamento, Héctor Raúl Acosta, que dio lugar a la resolución que suspendió la aplicación de la medida cautelarmente.
Se trata de “una escalada de las fuerzas vivas de la provincia” -tal como la definen en la Casa de Gobierno- que se hará sentir la próxima semana con una presentación ante la Corte, con el patrocinio de Ismael Farrando, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y autoridad nacional en la Asociación Argentina de Derecho Administrativo.
Farrando es autor de numerosos manuales y libros sobre derecho administrativo y su participación en este tema busca darle “mayor estatura jurídica” al reclamo mendocino.
La réplica
El protagonismo de las cámaras locales en contra de la promoción industrial tendrá su correlato, pero a favor de la medida, en una acción de los gobiernos y las cámaras de las provincias promocionadas.
Voceros del gobierno sanjuanino confirmaron que preparan “una estrategia junto a San Luis, Catamarca y La Rioja para actuar en bloque para hacer frente a la arremetida mendocina”.
Y se espera que, entre el lunes o martes próximos, representantes legales de esas provincias se presenten en el despacho del juez Acosta, en calidad de “perjudicados” por el fallo del magistrado que suspendió la aplicación del decreto presidencial 699.
En Catamarca se ha conformado un frente entre el gobierno, la central empresaria y la CGT y preparan una respuesta judicial conjunta en defensa de la promoción industrial.
“Se está trabajando como gobierno en consenso con otras organizaciones”, confirmó el ministro de Gobierno, Javier Silva.
“Cuando se adhirió al decreto, la semana pasada, el mismo gobernador (el radical Eduardo Brizuela del Moral) convocó una reunión ampliada con las cúpulas de la CGT provincial y las cámaras empresarias y, aunque no todos piensan lo mismo desde el punto de vista político, todos estuvieron de acuerdo (en defender el decreto 699)”, confirmó.
El funcionario catamarqueño consideró “mezquina” la actitud de Mendoza porque “una cosa es que cualquier provincia plantee la posibilidad de asociarse o beneficiarse con la promoción industrial y otra cosa es pedir que las provincias vecinas se queden sin el beneficio.
Me parece que cuando igualamos hay que igualar para arriba y no para abajo”, enfatizó. En tanto en La Rioja la CGT de esa provincia prepara una presentación ante la Justicia para el próximo lunes buscando frenar “el avance de la Justicia de Mendoza”.
Por su parte el ministro de Producción, Raúl Mercau, destacó que Mendoza y San Juan pueden alcanzar entendimientos “como ya se hizo con la Coviar, cuando nos pusimos de acuerdo para regular el vino”. Y consideró que se puede hablar de “incentivos diferenciales dentro de un mismo régimen acordado e incluyente”.
La ley 8019 de promoción económica tiene un capítulo que se llama de desarrollo convergente.
“Esto significa que se contempla un coeficiente que recompensa las inversiones si se hacen en los departamentos de menor desarrollo. Eso mismo se puede prever en un nuevo régimen de promoción industrial, y plantear un nuevo acta de reparación histórica regional”, explicó el funcionario de Celso Jaque.
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