Prometen resistir intentos de desalojo

Las familias que tomaron las casas a medio construir afirman que no cederán ni siquiera si va la Gendarmería. De todos modos, pidieron que no se los reprima. * El municipio analiza presentarse ante la Justicia, mientras que el secretario de Obras y Servicios Públicos se reunirá este mediodía con funcionarios del gobierno nacional.
Los ocupantes de las 557 casas que en el marco del Plan Federal se estaban construyendo en torno a la rotonda donde se cruzan la avenida General Arias y Pedro Pico, se reunieron ayer en una asamblea y decidieron organizarse por sectores con delegados, aprobar un petitorio y permanecer en las casas resistiendo, incluso, un eventual operativo de desalojo, aun "si es de Gendarmería", se indicó.

Si bien destacaron que apelarán al diálogo en todo momento, con la misma firmeza dijeron que pretenden quedarse en las casas, pagar lo ya construido y terminarlas.

En el petitorio que enviarán a la Municipalidad, manifestaron que la necesidad existe ahora y no pueden esperar un futuro corte de cintas.

"Estamos decididos a quedarnos pues ya no tenemos opciones para nuestras familias", expresaron en el petitorio que circuló recolectando firmas de los ocupantes.

Reclamaron que las autoridades no emitan ninguna orden de desalojo ni repriman a las familias. También solicitaron un censo y que autoridades del área de Niñez preserven los derechos vulnerados de sus hijos.

"Pedimos a la comunidad que nos apoye en este paso que estamos dando. No es una aventura, es un gran riesgo y una necesidad. Hemos sufrido durante años el desinterés por este problema y algunas promesas por parte del Estado, que tarda demasiado en cumplir.

"Respetuosamente, solicitamos escuchen y den respuesta inmediata a nuestros reclamos, sin perjuicio de considerar que su accionar contrario constituiría una clara violación al derecho de propiedad, contemplado en el artículo 14bis de la Constitución Nacional, así como tratados internacionales que protegen a la familia; la convención internacional de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre otros", señalaron en el texto.

Dentro de los argumentos, dijeron tener la urgente necesidad de contar con un techo para vivir.

"Por años hemos esperado estos planes y programas para que les den respuesta a nuestras necesidades y, siendo que la situación económica ha empeorado, no encontramos otra salida que canalizar nuestro problema, arriesgando la integridad de nuestras familias", concluyeron.

Algunas casas iban presentando ayer otro aspecto en su interior. A los improvisados colchones se les sumaron sillas, mesas y electrodomésticos como cafeteras, pavas, radios y televisores, alimentados por tendidos eléctricos improvisados sobre el pasto de los patios, las paredes rotas y los postes de energía pública.

Las personas entrevistadas por este diario dijeron que necesitan ser abastecidos con agua y baños químicos, teniendo en cuenta las altas temperaturas y la gran cantidad de niños ocupando las casas.

También indicaron que los saqueos que ocurrieron el fin de semana, cuando comenzó a la toma de las viviendas, no fueron ocasionados por las personas que actualmente se encuentran en los dúplex.

Incluso, advirtieron que se organizaron para custodiar el predio durante todo el día y que "no tocaron" los materiales que las empresas constructoras tienen en los obradores.

Otros ocupantes, como Norma Solís, dijeron que desde la comuna se les ofreció dinero a algunas personas para que se retiren de las casas en construcción, propuesta que fue desmentida por el secretario de Salud y Promoción Social, Diego Palomo.

"No hemos ofrecido dinero. Le explicamos a la gente a la que no se le aseguró una casa y que está usurpando que no se le puede dar la vivienda. Estamos trabajando con la gente que el CLES --organismo conformado por la comuna y entidades de bien público-- definió como casos urgentes, y los contemplados en el viejo Plan Arraigo. A estos les adelantaremos la asignación de las viviendas y le garantizaremos la propiedad. El resto de la gente anotada en el Plan Federal participará de un sorteo en igualdad de condiciones, para la entrega del resto de las viviendas", expresó Palomo.

Quiénes son

La comuna lleva adelante un censo para determinar quiénes son los ocupantes de las viviendas. En principio, se trataría de una combinación de personas que están incluidas en la lista de posibles adjudicatarios y otras que no. Según las normas del Plan Federal, una vez concluidas las casas, la empresa constructora las entrega al municipio para que éste realice el sorteo entre los postulantes, quienes ya están anotados en la mencionada lista.

Cómo está la situación en la Justicia

Según trascendió en la mañana de ayer, a partir de una presentación de la Policía, desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3, a cargo del fiscal Oscar Bautista Duizeide, se notificó a ocho personas por las usurpaciones, de las cuales sólo una prestó declaración en la víspera.

El subsecretario municipal de Legal y Técnica, Santiago Romanelli, dijo que la comuna analiza las posibilidades legales que tiene para presentarse también en la Justicia, constituirse como particular damnificado y así pedir la restitución de las viviendas a las empresas contratistas, las cuales tienen la custodia del predio.

"La Policía inició una causa en la Fiscalía y nosotros, en colaboración con el fiscal, hemos acompañado información con los nombres de las personas que estarían ocupando indebidamente esas viviendas en una parte del predio, ya que el relevamiento no se concluyó. No descartamos presentarnos formalmente, resguardando los intereses que consideramos conculcados, desde el punto de vista de la Municipalidad", expresó.

Previamente a una posible presentación, la comuna está revisando "cuestiones legales". De concretarse, el municipio peticionará la restitución del bien y esperará una resolución de la Justicia de Garantías al respecto.

La concejala oficialista Ana Civitella (FPV) exhortó a la Justicia a que le indique a la Policía los procedimientos a seguir para la restitución de las casas y dilucidar quiénes fueron los autores de los saqueos.

"Es necesario que se despeje el lugar para que las empresas puedan entregar las casas terminadas, como las más de 250 que estaban previstas entregar en el mes de abril", expresó la edil, quien destacó que la demanda social de viviendas es consecuencia de la gran cantidad de años que, previamente al Plan Federal, no se invirtió en tal sentido en la ciudad.

Hoy buscarán una solución con Nación

El secretario de Obras y Servicios Públicos de la comuna, Rubén Valerio, y el responsable del área municipal de Vivienda, David Revale, viajaron ayer a Buenos Aires para entrevistarse este mediodía con el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de Nación, Germán Nivello, a quien le plantearán el conflicto local y la necesidad de contar con el dinero necesario para acelerar la finalización y entrega de las viviendas.

"Nosotros, como municipio, no tenemos el dinero suficiente como para terminarlas --en nuestra ciudad hay un total de 1.955 unidades habitacionales en ejecución--. Esto se hace todo a través de Nación y la única opción es que nos apoye. Desde el gobierno nacional nos llamaron para decirnos que están con la gente de la ciudad y con el municipio, por lo que nos van a ayudar", dijo Revale.

Agregó que los obreros que trabajaban en la construcción de estas viviendas y que ahora se encuentran sin empleo "son los más perjudicados por la usurpación".

El subcontratista Edgardo Flores afirmó que se trata de 15 familias que están "a la buena de Dios" y que se les ha coartado su derecho a trabajar, a la vez que advirtió que se sustrajeron elementos de la obra y de las personas que trabajaban allí.

Al respecto, Revale aclaró que conocen la preocupación de los trabajadores por quedarse sin su fuente laboral.

"En esto perdemos todos. La ganancia la tiene el mal intencionado, el ladrón, el que especula con todo esto y genera el caos, evitando que la ciudad progrese", opinó el funcionario.

En cuanto a los saqueos y las roturas, dijo que cada día que pasa la obra se deteriora y se retrasa su finalización.

"Llevarse una bacha, por ejemplo, no significa sólo la pérdida desde lo económico sino perder también el trabajo que se hizo para colocarla. También rompieron ventanas y marcos, por el sólo hecho de hacer daño. Veremos de qué manera se pueden recuperar. Lamentablemente eran casas que estaban muy avanzadas y en cuatro meses se podrían haber empezado a entregar. Le pedimos a la gente que nos ayude a proteger las casas porque el municipio quiere terminarlas para que ellos vayan a vivir", destacó.

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