En el año 2011 el gobierno bonaerense licitó la repavimentación del tramo de la ruta provincial Nº 51 que une Ramallo con Arrecifes. En ese momento, la empresa contratista empezó la obra, y a los pocos meses la abandonó por falta de pago. Tres años después, y luego de un bacheo de emergencia financiado por los municipios, los vecinos denuncian que la carretera es intransitable.

La ruta 51 es un importante corredor productivo, ya que atraviesa la Provincia de norte a sur y une las localidades portuarias de Ramallo y Bahía Blanca. El camino tiene un intenso flujo de camiones que transportan cereales, minerales, leche y hacienda. En 750 kilómetros que tiene la traza, el gobierno bonaerense está ejecutando únicamente dos obras de muy bajo presupuesto. Por un lado, la construcción de pavimento de hormigón simple en Saladillo y 25 de Mayo; y por el otro, un bacheo en el acceso a la planta L’Amali, en Olavarría.

Si bien la RP51 recorre dieciséis distritos bonaerenses, y los alcaldes, en mayor o menor medida, reconocen que la calzada no está en buenas condiciones, la parte que une Ramallo - Arrecifes es un caso paradigmático en cuanto a falta de inversión, mantenimiento y procesos de rehabilitación fallidos. En los últimos años, en este tramo de 74 kilómetros los baches se transformaron en fosas profundas que ponen en peligro la vida de las personas que transitan la carretera, aseveran quienes la recorren a diario.

“En esta zona se generan miles de millones de pesos que alimentan el presupuesto provincial. No se puede creer cómo los gobiernos no han entendido que hay que cuidar a la vaca lechera que da de comer”, dijo a La Tecla el intendente de Ramallo, Ariel Santalla.

En el año 2012, cuando la empresa que llevaría a cabo la repavimentación abandonó la obra, familiares y amigos de víctimas fatales formaron la Asamblea Ruta 51 y comenzaron a realizar distintas acciones en pos de conseguir la reparación de la vía. “Teníamos una víctima fatal por mes”, aseguraron desde la organización.

Pero no sólo los vecinos se movilizaron por esta situación. Intendentes, legisladores, concejales, representantes de gremios como la Feb y Suteba, organizaciones como Federación Agraria, Coninagro y Carbap, y empresas de la zona, todos hicieron lo suyo en distintos ámbitos de incumbencia.

La semana pasada, por el estado de la ruta, un joven policía perdió la vida. Este hecho aceleró la realización de una reunión multisectorial convocada por las entidades agropecuarias de la zona. Del encuentro participó el ministro de Asuntos Agrarios, Alejandro Rodríguez, pero se ausentaron el titular de Infraestructura, Alejandro Arlía, y la administradora de Vialidad, Patricia Tombesi. Al otro día, representantes de todos los sectores decidieron viajar a

La Plata a encontrarse con las autoridades. A través de un acta, la Provincia se comprometió a continuar con las tareas paliativas. Entre ellas, incorporar equipos para bacheo preventivo (motoniveladoras); realzar banquinas y colocar cartelería; incorporar la presencia de la Agencia de Seguridad Vial; y, la noticia más destacada, realizar la licitación de la obra de rehabilitación y de capas de rodamiento el 4 de septiembre.

La comunidad ya no se entusiasma ante las promesas y, a pesar de las respuestas, en estos días volvió a los cortes de ruta y seguirá con las intervenciones.

Los intendentes de los distritos que recorre la traza se muestran algo molestos, porque entienden que la Provincia no tiene entre sus prioridades la reparación de esta arteria estratégica para el desarrollo de la región.

Desde la Unión de Usuarios Viales (UDUV) dijeron que para la gestión sciolista “algunas rutas son vedettes”, y pusieron como ejemplo a las concesionadas 2, 11 y 226.

El intendente de Ramallo dejó entrever que hasta podría existir un problema político, ya que tres intendentes de su zona pertenecen a otro espacio político. De todos modos, el mismo alcalde expresó que esa “sería una conjetura demasiado lineal para un tema tan complejo. Lo cierto es que la RP51 cada vez genera más reclamos de los usuarios y de los políticos locales.