Desde la destitución de Mursi a principios de julio, las nuevas autoridades instaladas por el ejército reprimen violentamente las manifestaciones a favor del derrocado presidente y han arrestado a los principales dirigentes de la organización.

La sentencia del tribunal reunido de urgencia ayer se aplica al grupo —que no tiene existencia legal alguna— así como a la Asociación de Hermanos Musulmanes, una ONG creada bajo la presidencia de Mursi y acusada de servir de fachada a la organización, pero también “a toda organización que emana de ellos o es financiada por ellos”.

El partido de la Libertad y la Justicia, brazo político de los Hermanos Musulmanes, había ganado las elecciones legislativas a fines de 2011. Podría caer también bajo el peso de esa sentencia.

Hace una semana, un tribunal congeló los fondos de los principales dirigentes de la organización, la mayoría de los cuales está tras la rejas y actualmente juzgados por “incitación al asesinato” o “asesinato” de manifestantes anti Mursi.

La implacable represión contra los Hermanos Musulmanes y los partidarios de Mursi conoció su punto más alto el 14 de agosto, cuando el ejército y la policía destruyeron dos campamentos de miles de islamistas que reclamaban el regreso al poder del primer presidente elegido democráticamente en el país. En estos actos de violencia de ese día y en las semana posterior, más de mil personas murieron, en su gran mayoría manifestantes pro Mursi. Al mismo tiempo, más de 2.000 islamistas fueron detenidos. La creación de ese partido había sido el signo de la salida de la clandestinidad de la hermandad nacida en 1928 y desde entonces tolerada entre episodios de violenta represión.