En una conferencia que se realizó en el edificio Cipolletti, donde funciona el Consejo Regional, se planteó con toda crudeza el punto de la paralización del organismo que integran la procuradora General, Liliana Piccinini, el ministro de Gobierno, Diego Larreguy, las legisladoras Nelly Meana y Beatriz Contreras y el juez del STJ, Víctor Sodero Nievas.

Precisamente esa paralización limita una serie de proyectos e iniciativas que hay en curso, dijeron González y Meilán, con aportes del abogado (ad honórem) Velasco. Entre ellas está la consolidación de un esquema que les permita a familiares de víctimas gozar de una debida atención, legal e incluso social, psicológica y monetaria para trámites que muchas veces se limitan por situaciones económicas adversas.

Dijo González –agradeciendo el aporte del municipio cipoleño y otros– que se pretende, con fundadas razones, y resultados negativos hasta ahora, que haya al menos un abogado rentado por Circunscripción Judicial.

"Formaron (el comité) y lo tiraron a un rincón", dijo enojado González. "Se necesita continuidad de trabajo, recursos y acciones muy concretas. Es una cuestión de sentido común. Deben ponerse de acuerdo los tres poderes más allá de cuestiones personales y políticas", sentenció.