Setenta trabajadoras y trabajadores de la Dirección de Niñez de Almirante Brown decidieron que organizarse era la manera para alcanzar condiciones laborales más dignas. La activación del reclamo llevó a que el Ejecutivo se comprometiera a “incorporarlos paulatinamente a planta permanente”, ya que hace al menos cuatro años que están contratados. También recibieron un 15 por ciento de aumento salarial, mientras esperan desempeñarse en condiciones de mayor seguridad en el territorio al abordar problemáticas que comprometen la subjetividad de los chicos y las chicas.

La contradicción radicaba en que las responsables de velar ante cada caso por los derechos de los pequeños veían su propia integridad como empleadas de una dependencia comunal estaba afectada al “tener congelado el sueldo desde abril de 2010”, aseguró Patricia Galán, abogada y miembra del espacio. Una marcha frente al Palacio Municipal y la intervención de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) fueron la base de la negociación.

Cuando los atendió el secretario general de la Intendencia José Fernández, le presentaron un petitorio con cuatro puntos: “pago a término, incorporación de todos los compañeros a planta permanente, que se abone un retroactivo del 11 por ciento y condiciones dignas de trabajo”, enumeró la letrada, en diálogo con LA TERCERA. Otra dificultad en la práctica es la “necesidad de desinfecciones” periódicas, “sobre todo porque es un lugar al que concurren niños, la gente de la comunidad se va a atender”, planteó, por su parte, Bárbara Orbuch, psicóloga de la Unidad de Fortalecimiento Familiar (UFF).

El funcionario “se comprometió, en nombre de (el jefe comunal) Darío Giustozzi y delante de la secretaria de Desarrollo Social Ana Geneira, a que iba a ser parte de la agenda incorporar a los compañeros (al régimen formal, con vacaciones, aguinaldo, obra social y antigüedad) y dar el aumento”, recalcó Adriana Salinas, representante del área de Salud Laboral de la CTA provincial. La suba la percibieron el miércoles 6 último.

En el marco de la ley 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, las especialistas deben revisar todo el entramado familiar y social cuando reciben a un nene en situación de vulneración, de modo que su institucionalización sea la última instancia. “Nosotras reclamamos la implementación de la norma (a la que el distrito adhirió en 2008) y se aprobó la creación del Consejo” el que integra a organizaciones y agentes estatales que defienden la infancia, subrayó, en tanto, Liliana del Valle Salinas, trabajadora social que conforma el plantel comunal.

“Cuando no hay adultos referentes o no los pueden tener, se los envía por 30 o 60 días” a una entidad que los contenga, explicó Verónica Zapata, asistente social del Servicio Local y Territorial de Rafael Calzada, otra integrante del reclamo. Durante ese período, su responsabilidad también recae en trabajar para reconstruir la red afectiva y formadora del chico.