Casi 80 familias asentadas en el lote Q, registrado a nombre de la empresa Ricceri SA, entre los parajes Piray Guazú y Pozo Azul, ubicados sobre la Ruta Provincial Nº 20, a 35 Km del Municipio de San Pedro, se declararon en estado de alerta y movilización y reclamaron la inmediata intervención del Estado, tras un fallo judicial que podría desencadenar numerosos desalojos rurales.

El pasado 8 de agosto, las familias del lote Q realizaron una asamblea en la que se compartió información brindada por la abogada litigante, acerca del proceso judicial en el que los productores disputan con Ricceri SA la tenencia de la tierra que ocupan y trabajan desde hace casi 15 años.

Según se manifestó, el 2 de agosto la doctora Eve Toledo, del Juzgado Civil y Comercial Nro. 2, dictaminó el juicio a favor de la empresa, lo cual habilita inminentes desalojos.

Ante esta situación, considerada muy grave y preocupante, las familias definieron un plan de lucha que consta de tres puntos centrales: la declaración de alerta y movilización, la solicitud al estado de una solución al conflicto a favor de los afectados, y la difusión de la problemática en los medios de comunicación, informó el Equipo de Prensa Red de organizaciones de Productores y Pueblos Originarios de Misiones.

Los productores acordaron esperar de manera pacífica una respuesta a favor de las familias en el plazo de diez días (que finaliza el 18 de agosto). Transcurrida esa fecha, advirtieron, intensificarán las medidas de fuerza.

Tras la asamblea, las familias relataron: "En este lugar vivimos más de 70 familias, con un total de 300 habitantes. Tenemos nuestras viviendas y producimos alimento para nuestro consumo, vendemos los excedentes, además criamos animales bovinos, cerdos, gallinas. También existen varios que plantamos tabaco. Es de estas actividades que sacamos los fondos que necesarios para la salud de nuestras familias, para mandar a nuestros hijos a la escuela y para otros gastos. Queremos legalizar nuestras tierras para poder pagar los impuestos y acceder a todos los servicios del estado, como argentinos que somos pedimos decisiones políticas a nuestro favor, es lo único que nos puede sacar de esta situación. Solicitamos el apoyo y la intermediación del estado municipal, provincial y nacional en la resolución de este conflicto a nuestro favor.

Asimismo, subrayaron que viven en el lugar desde antes del año 2000, "mucho antes de que Ricceri tuviera la titularización de las tierras, nosotros somos quienes tenemos que pedirle el desalojo y no él a nosotros. Las tierras son para quienes las trabajan, para quien las necesita como fuente de vida, para mantener los hijos, educarlos y enseñarles a producir alimentos y no para simple acumulación económica y extracción de maderas”.

Solidaridad

Días atrás, la "Red de organizaciones de Productores y Pueblos originarios de Misiones" -que reúne a más de cincuenta organizaciones de seis departamentos de la provincia- también se declaró en estado de alerta y movilización y manifestó su pleno acompañamiento a las familias afectadas.

"Repudiamos enérgicamente el desalojo anunciado", manifestaron a través de un comunicado, en el que expresaron plena solidaridad con las familias afectadas, "reconociendo a la tierra como un bien social y como un derecho que tiene cada ciudadano a vivir y producir, rechazando la concentración de la tierra y la especulación financiera".

Pequeños productores familiares

Los productores afectados, asentados en el Lote Q, son integrantes de la organización "Unidos Ruta 20", la cual recibe acompañamiento técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y la ong INDES (Instituto de Desarrollo Social y Promoción Humana). Se dedican principalmente a cultivos anuales (mandioca, maíz, poroto, entre otros) y en los últimos años apostaron a la diversificación productiva, desarrollando la cría de cerdos, la instalación de pasturas y potreros para ganadería vacuna, y la producción de semillas de cubiertas verdes y variedades locales de maíz.

La Ley XII-25, sancionada el 1 de noviembre de 2012, establece que hasta el 31 de agosto de 2013 permanecerán suspendidas en Misiones las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto "ordenar el desalojo sobre inmuebles destinados a vivienda única y familiar y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, en los casos que él o los demandados tengan una posesión superior a ocho años, llevada a cabo sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados".

Los productores denuncian que la norma no ofrece garantías. Prueba de ello es el episodio registrado el pasado 8 de abril, cuando un escuadrón de 300 efectivos policiales, incluido el GOE (grupo de operaciones especiales), desalojó brutalmente a 42 familias campesinas que desde hacía años vivían y trabajaban en los parajes rurales conocidos como Puente Alto y La Colorada, en la localidad de San Pedro. El hecho generó una fuerte movilización y solidaridad de numerosas organizaciones sociales, las que concretaron cortes de ruta y marchas contra los desalojos y la judicialización de la protesta social.

Los productores observaron que cuando termine la vigencia de esa Ley, a partir del 31 de agosto ya no habría reparos legales para concretar los desalojos.