Ante el inminente arribo de una nueva temporada de cosecha, los productores del Valle de Uco decidieron unirse para solicitar una serie de modificaciones en las leyes de trabajo que rigen sobre el sector. Afirman que sufren profundamente el impacto que la movilidad laboral genera cada año y denuncian al Gobierno de ejercer una presión tributaria desproporcionada.

Básicamente, los empleadores aducen que uno de los problemas más importantes que tiene la actividad gira en torno a las altas multas que, según explican, aplica constantemente la Subsecretaría de Trabajo. Otro de los inconvenientes manifestados desde el sector, está relacionado con la necesidad de impulsar un proyecto de ley mediante el cual se cree una libreta de trabajo que permita regularizar la situación y, de esta manera, terminar con los problemas generados a partir de la contratación de los llamados "trabajadores golondrinas" .

En diálogo con El Sol, el presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, se refirió a la situación que los llevó a reunirse el 4 de febrero con el vicegobernador de la provincia, Carlos Ciurca; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús y el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Pringles.

"Es un viejo problema que tenemos; queremos que se trabaje en una ley provincial porque no podemos cumplir con la nacional", expresó el dirigente, quien afirmó: "Estamos trabajando conjuntamente con Río Negro, Entre Ríos y Tucumán porque tienen economías similares a las nuestras".

El proyecto que presentará la Sociedad Rural del Valle de Uco antes del 25 de febrero, contempla la creación de una libreta laboral donde esté contemplado el salario del trabajador, la ART y el costo social del trabajador. En este sentido, Leiva explicó que "hay trabajadores temporales que son contratados un día y al otro no vienen; perdemos tiempo y afrontamos gastos innecesarios".

Y agregó: "Hasta que se regularice la situación, hay que suspender las inspecciones".

En cuanto a las multas aplicadas por la Subsecretaría de Trabajo, el dirigente expresó que "algunas llegan a los 5 mil pesos y se producen porque hay trabajadores que no están registrados". En este sentido, indicó que la idea del sector es trabajar para que se la situación se regularice, aunque manifestó que pensar en un escenario con empleados contratados totalmente en blanco resulta bastante difícil.

"El primer empleador de trabajo en negro es el Estado; hoy, el sistema actual no permite que se trabaje totalmente en blanco", expresó Leiva, tras ser consultado sobre la irregularidad que presenta la actividad.