De eso se trata cuando se analizan los pormenores de los alzamientos policiales ocurridos en diciembre pasado en varias provincias y que tuvo su inicio en la de Córdoba, donde el gobernador, José Manuel De la Sota, llegó a un arreglo con los policías acuartelados en demanda de mejoras salariales, pero también no dejó impune la cuestión disciplinaria. Resumiendo, despidió a su ministro de Gobierno y con el se fueron los integrantes de la Plana Mayor de la fuerza y se iniciaron actuaciones sumariales con el propósito de exonerar a los responsables de dejar indefensa a la capital cordobesa. 

Es decir, a una acción correspondió una reacción.

Conocido es por todos lo ocurrido en Concordia en las trágicas jornadas del 8 y 9 del último mes del año pasado, que derivó en la intervención judicial con el proceso que se les sigue a 17 uniformados, alojados actualmente en la Unidad Penal 8 de Federal, con la acusación fiscal de sedición agravada y otros supuestos delitos de calificación muy grave que se les imputa.

En Entre Ríos todas las jerarquías policiales mantuvieron sus cargos y los sumarios administrativos que se sustancian actualmente en esta ciudad y en la vecina Concepción del Uruguay, involucra en ambas a unos 250 funcionarios, quienes en las actuaciones sumariales deberán acreditar cual fue su comportamiento en aquellos aciagos días y, de allí, derivará que actitud se adoptará en cada caso.

Los vecinos han perdido la confianza en la policía, alegan algunos, mientras que otros sostienen que quienes están inmersos en la investigación sumaria, «tienen su cabeza en otro lado» y la consecuencia es la desatención de la tarea que le es propia a la fuerza de seguridad.

Una fuente policial, de innegable valor testimonial, comentó a EL HERALDO, que el jefe departamental, comisario mayor Lucio Villalba, habría dispuesto el cambio de todas las «cabezas» de las comisarías, mientras que en Paraná se habla de la renovación total de la conducción en el ámbito provincial.

Existen jurisdicciones que son «tierra de nadie» al decir de los numerosos damnificados por robos, arrebatos y por delitos aún mayores, quienes aseguran que cuando se «llama al patrullero» (en referencia al 101), las demoras en hacerse presente dan tiempo suficiente a la delincuencia para perpetrar su cometido y retirarse.

El comentario puede resultar capcioso. Sin embargo, en el imaginario de «la gente» surgen los interrogantes: «¿recién ahora se producirían cambios?, ¿No tuvieron responsabilidad funcional los jefes en los alzamientos?, Los hechos ocurridos ¿no pudieron ser previstos con la anticipación correspondiente? ¿Por qué en alguna provincia renunciaron o se fueron y aquí nadie dejó el sillón? «Se trata de un tema de fondo, opinó el circunstancial informante, no se soluciona con edulcorantes», afirmó 

Antes de despedirse disparó «no le extrañe que , cuando se produzcan los habituales cambios en la policía, el nuevo jefe departamental de Concordia, sea el comisario mayor Vicente Giménez, quien actualmente desempeña iguales funciones en Victoria»