El loteo Los Robles, en el kilómetro 13 de la ruta nacional 51, muestra un apacible encanto que contrasta con la preocupación y malestar de 40 familias.

Es que, habiendo salido sorteadas en octubre de 2013, siguen sin poder acceder a los créditos de Procrear con los que deben cancelar los terrenos y empezar a construir sus viviendas.

Los lotes aún no cuentan con las matrículas individuales que exige el programa nacional.

Un convenio que firmó la Unidad de Coordinación provincial con el fideicomiso Los Robles, el 24 de julio de 2014, había incluido el loteo de La Silleta en el régimen especial del decreto 1.452, dictado para agilizar los trámites en Inmuebles y ampliar la disponibilidad de parcelas accesibles en Salta.

"Cuando se suscribió ese acuerdo se habló de tener las matrículas individuales en 60 días corridos", remarcó Nadia Ceballos, una de las afectadas que, a partir del entendimiento marco, suscribió dos meses después los contratos por los que señaron las parcelas.

Las reservas pactadas con el fideicomiso Los Robles, de la inmobiliaria MDay, fueron de $25.000.

A la par, los interesados abonaron otros $800 en honorarios profesionales de escribanos. En esos acuerdos se estipuló un plazo máximo, que vence el próximo 24 de julio, para que los adquirentes de los lotes cuenten con los créditos aprobados. En su defecto, según establece otra de las cláusulas, perderán $5.000 de los $25.000 que abonaron en concepto de reservas.

Lejos de las previsiones, el expediente de la subdivisión catastral de los lotes estuvo en Inmuebles más de siete meses y subió al Grand Bourg el pasado 4 de marzo. Luego de permanecer 30 días en la Secretaría de Ingresos Públicos a la espera de un seguro de caución, fue girado al Departamento Jurídico el 16 de abril, desde donde se dictaminó que el loteo no cumplía los requisitos establecidos en el decreto 1.452.

De nuevo en Inmuebles, el expediente aguarda que la inmobiliaria cumpla exigencias impuestas por Aguas del Norte para contar con el servicio.

"La oficina local de Procrear no tomó previsiones ni realizó ningún control para verificar el cumplimiento de las obras pendientes y 40 familias estamos por pagar esa negligencia", cuestionó Ceballos.