"Se nos aseguró que nuestras opiniones serían consideradas a la hora de seleccionar los macizos, aunque hasta ahora sucedió todo lo contrario", dijeron.

Beneficiarios del Pro.Cre.Ar mostraron su enojo por la falta de respuestas de los Estado nacional y municipal para poder adquirir terrenos y aseguraron que a pesar de que hace nueve meses salieron sorteados, y que pasaron 60 días de la apertura del fideicomiso de la Anses que traería soluciones a la falta de tierras, “todavía reina la incertidumbre”.

Las quejas están ligadas a que de los 15 macizos presentados en el fideicomiso realizado en junio pasado, tan solo seis estarían disponibles.

“Sabemos que en la última reunión entre responsables nacionales y la municipalidad se preseleccionó esa cantidad, y de esa forma, se desestimaron la mayoría de las tierras presentadas, algunas de las cuales contaban con el interés manifiesto de numerosas familias”, señalaron los afectados, mediante un comunicado de prensa que enviaron a La Nueva.

Es por eso que reclaman que se les dé respuesta para saber “qué pasó con la totalidad de las tierras ofrecidas”, en el marco de aquella licitación pública, y solicitaron la participación en la selección de “los lotes donde viviremos y por los que pagaremos el resto de nuestras vidas”, ampliaron.

“Tuvimos distintas reuniones con funcionarios responsables del programa y se nos aseguró que nuestras opiniones serían consideradas a la hora de seleccionar los macizos a comprar y urbanizar, aunque hasta ahora sucedió todo lo contrario”, sostuvieron.

Todo a pulmón

Entre los macizos rechazados “en silencio” se encuentran, según dijeron, los que los beneficiarios habían logrado conseguir “gracias al trabajo que venimos llevando desde hace casi 10 meses, sin la colaboración de ningún organismo estatal, buscando tierras que cumplieran con los requisitos del crédito, en términos de costos, factibilidad de servicios y la legislación de orden municipal”.

La única información concreta, según los beneficiarios, es que “debemos seguir esperando”.

Y mientras tanto, la capacidad de compra del crédito se ha reducido enormemente por los efectos de la inflación.

“Un cálculo rápido indica que cada familia debería contar con más de 100.000 pesos de su bolsillo como para estar en condiciones de afrontar los costos de la construcción, poniendo en serio riesgo la posibilidad real de acceder al programa”, finalizaron.