Los plazos del Jury de Enjuiciamiento contra el titular del Departamento General de Irrigación corren, pero no corren del todo. El acusado, José Frigerio, aún no es notificado formalmente del proceso en su contra por mal desempeño e incumplimiento de la normativa que rige el funcionamiento del organismo.

Pero, además, provoca nerviosismo entre algunos de los críticos de la gestión del superintendente. Uno de los motivos es que, en caso de prosperar la acusación, el tribunal debería sesionar durante 30 días y ese plazo se cumpliría una vez terminado el mandato de varios de los legisladores que conforman el Jury.

A tal punto hay recelo, que desde el Valle de Uco y General Alvear se preparan para hacer ruido en las rutas, anotándose públicamente como fogoneros de la continuidad del proceso contra Frigerio. Sin embargo, el acusador principal, el diputado del Peronismo Federal Roberto Blanco, aprovechará la demora en la notificación para ampliar las denuncias contra Frigerio.

El 1 de agosto pasado, Los Andes daba cuenta de la presentación del Jury que Blanco formalizó el 29 de julio. El 18 de agosto se reunieron miembros del tribunal, aceptaron la denuncia y decidieron dar vista a Frigerio para que hiciera su descargo. La ley indica que el acusado tiene 10 días hábiles para responder a las acusaciones y luego, el Jury tiene 15 días corridos para merituar la defensa y definir si se pasa al proceso o se desestima la acusación.

Pero el tribunal, a pedido del PJ, decidió sacar este tema del escenario electoral. Entonces la reunión para merituar las pruebas y mandar a Frigerio a proceso o exonerarlo se fijó para el 27 de octubre, cuatro días después de las elecciones generales.

Así es que, a partir de esa fecha el tribunal fijó los plazos, contando de atrás para adelante. Es decir que Frigerio sería notificado a mediados de setiembre. Esto le permitirá tener varios días adicionales para responder a las acusaciones de Blanco. "Está corriendo con ventaja", señala el legislador.

Pero, además, se suma otro elemento para temer por el futuro del proceso contra Frigerio. En el caso de que el tribunal decida que hay méritos para continuar el juicio contra el jefe de Irrigación, hay 30 días para juzgar la actuación. Esos 30 días se cumplirían el 27 de noviembre y el mandato de algunos legisladores de ambas cámaras termina el 24 de noviembre. Desde ya se especula con la pelea y las negociaciones cruzadas para remplazar a los miembros del tribunal que representan a la Legislatura (siete diputados y siete senadores).

Esta demora en el proceso está alertando a los críticos de la gestión de Frigerio al frente de Irrigación. La ansiedad crece ante el eventual congelamiento de la medida. Es en este contexto que el titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, prepara, con varios grupos de regantes, una manifestación prevista para mañana, con el objetivo de mantener viva la acusación.

Este jueves, mientras Leiva dé una conferencia de prensa, en Ugarteche, San Carlos y General Alvear varios grupos de regantes harán una campaña contra la gestión de Frigerio, repartiendo panfletos a los automovilistas.

Pero el tiempo parece dar también alguna ventaja a Blanco. "Desde que se aceptó el Jury, me ha llegado un sinnúmero de irregularidades nuevas. Tanto es así que consulté ante las autoridades del tribunal y me aseguraron que podría ampliar la denuncia. Con el material nuevo estoy armando una nueva presentación que formalizaré antes de que notifiquen a Frigerio", dijo Roberto Blanco.

La acusación original de Blanco contra Frigerio se centra en siete grandes hechos: reiterada falta de respuesta a pedidos de informes legislativos; otorgamiento de 21 permisos de pozos a siete emprendimientos inmobiliarios de alta gama en plena crisis hídrica; ocultamiento de información referida al convenio que suscribió el gobernador Celso Jaque con la provincia de La Pampa por las aguas del Río Atuel; cambio de criterio respecto de las obras que debía realizar la minera San Jorge para obtener la Declaración de Impacto Ambiental (lo que implicó menos inversión por parte de la empresa) e intervención de la Inspecciones de Cauce Asociadas de Tupungato después de los reclamos de los regantes por la rotura de las obras del arroyo Las Tunas (antes de ser inauguradas).

El sexto punto son los beneficios detectados en la propiedad del hijo de Jorge Villalón, principal asesor de Irrigación y hombre de confianza del asesor presidencial Juan Carlos Mazzón (toma directa de agua del mismo río Tunuyán, riego en período de corta, permisos de nuevos pozos y falta de rehabilitación de pozos existentes) y la supuesta contaminación de acuíferos provocada por YPF al inyectar mensualmente 3 millones de metros cúbicos de agua de purga en pozos.