El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, fue procesado hoy con prisión preventiva como presunto "instigador" del crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra y las heridas de bala que recibieron otras tres personas el 20 de octubre pasado.

Para la magistrada, Pedraza "aleccionó a los tercerizados" para evitar el reclamo laboral porque "lo que se buscaba era asegurar el poder económico y político" que tiene en el gremio.

También fueron procesados el secretario administrativo de la UF, Juan Carlos "Gallego" Fernández, como supuesto instigador, y el delegado sindical Claudio Alcorcel, señalado como partícipe necesario.

A los tres se los acusó por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa por tres hechos, en relación a las personas heridas de bala.

"Es condición necesaria e indispensable, para mantener ese poder, conservar su cargo dentro del gremio, circunstancia esta que se encontraría asegurada mientras la Unión Ferroviaria continúe determinando el ingreso de personal a las distintas empresas ferroviarias", sostuvo López sobre Pedraza.

"De esta forma se asegura la fidelidad política de quienes ingresan y su afiliación a la Lista Verde, que él encabeza", agregó.

La magistrada explicó que el líder de la UF tiene "importante participación" en la Cooperativa de Trabajo Unión del Personal Limitada, que decide el ingreso de personal ferroviario, y de Belgrano Cargas S.A.

"Al impedir la incorporación de los trabajadores tercerizados se evitaba el ingreso de un número importante de obreros potencialmente contrarios a los intereses de la dirigencia de la Unión Ferroviaria", porque podrían ser "diferente afiliación política" y "constituir listas opositoras que desafíen su poder dentro de la UF", afirmó la magistrada.

Pedraza, detenido el 22 de febrero, también fue acusado de "haber determinado junto a Juan Carlos Fernández" la decisión de "aleccionar a los tercerizados, para que desistieran del corte de vías que intentaban realizar, como así también de futuras interrupciones, para lo cual indicó la presencia en el lugar de la fuerza de choque, y determinó la realización de los disparos de arma de fuego contra los manifestantes".

Eso, entendió, lo hizo a través del delegado de la UF Pablo Díaz, quien estaba en el lugar de los hechos y ese día habló varias veces por teléfono con Fernández, que compartía un congreso con Pedraza en el gremio.

Para la jueza, Fernández "estaba plenamente al tanto de lo que iba ocurriendo" mediante las comunicaciones con Díaz, a quien, señaló, le daba órdenes de cómo actuar.

En el caso de Alcorcel, se estableció que fue quien llevó hasta el lugar a Cristian Favale, acusado de ser uno de los autores de los disparos, y de "haber alentado a sus compañeros a que avancen sobre los tercerizados".

El abogado de los nuevos procesados, Carlos Froment, adelantó que apelará la resolución.

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre pasado cuando una patota de la UF evitó con agresiones un reclamo de empleados ferroviarios tercerizados.

Ferreyra, del PO, recibió un tiro en el abdomen mientras que Nelson Aguirre, Ariel Pintos y Elsa Rodríguez fueron heridos de bala.

En la causa son 10 los detenidos: Favale y Gabriel "El Payaso" Sánchez, sindicados como los autores de los disparos; el delegado Díaz, presunto reclutador de la patota; los empleados ferroviarios Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez, señalados como quienes se llevaron las armas del lugar, y Jorge González y Salvador Pipitó, que amenazaron a periodistas.