En la resolución que se tomó por parte del juez de Instrucción Elvio Garzón, se dispuso dictar la prisión preventiva del hombre, en tanto que a la mujer se la benefició con la excarcelación bajo severas restricciones hasta tanto se inicie el juicio oral y público.

Tras una pesquisa a cargo de la División Investigaciones de la Jefatura de Policía Paraná, como de la División Robos y Hurtos, se logró apuntalar las sospechas sobre Carlos Rafael Martínez, de 33 años, y Alicia Tentor, de 45.

En el dictado de procesamiento se supo que la historia comenzó con cerca de 50 llamadas extorsivas de parte del hombre, que con datos certeros sobre el movimiento familiar de la odontóloga comenzó a reclamarle dinero para que no le secuestren o maten los hijos de la profesional.

La investigación policial, sumada a las tareas de inteligencia y seguimiento autorizadas por la Justicia llevaron a comprometer al empleado de la Dirección Provincial de Vialidad y de su novia, la secretaria de la odontóloga que era víctima de la situación delictiva.

En el expediente que se cerró en la etapa de instrucción se confirmó que un matrimonio de profesionales se acercó a la Policía para radicar una denuncia. Se hizo saber que le exigían 40.000 pesos bajo amenaza de atentar contra la integridad de sus hijos menores.

Al intervenir la Policía, se tomó como centro de operaciones para la investigación el propio domicilio de las víctimas. En base a las declaraciones y hechos realizaron un diagnóstico de la situación e implementaron inmediatamente el protocolo existente para este tipo de delitos. El juez de Instrucción N° 7 Elvio Garzón fiscalizó paso a paso, tanto los procedimientos como la investigación desde el primer momento. Siguiendo distintas pautas mediante la tecnología existente en la fuerza de seguridad entrerriana, se logró establecer el radio de ubicación desde donde los extorsionadores se comunicaban telefónicamente con las víctimas.

Las horas siguientes fueron claves y la Policía implementó un operativo especial que involucró las cámaras de la División 911 y videovigilancia que trataron de localizar e individualizar a posibles vehículos que pudieran actuar de soporte en tareas de inteligencia que realizaban los delincuentes, uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de datos, movimientos y situaciones que pertenecían al círculo más íntimo de las víctimas y que eran aportados por los malhechores. En una fecha determinada, personal de Delitos Complejos logró establecer un punto y hora de entrega del dinero, dilatando la situación mediante negociaciones que hiciera el propio personal policial para, mientras tanto, solicitarle al juez de Instrucción, mediante las pruebas, órdenes de allanamientos.

Martínez fue privado de la libertad, en tanto la mujer fue excarcelada porque en la declaración indagatoria dijo que el novio la había obligado a participar del delito. (Uno)