El juez Federal Julio Leonardo Bavio procesó a los siete presuntos integrantes de una asociación ilícita fiscal acusada de cometer una milllonaria evasión con granos, a través de la utilización de cartas de porte irregularmente usadas.

Cinco de los involucrados permanecerán detenidos, entre ellos la contadora metanense Sandra Esther Jerez, de 44 años, sindicada como la jefa de la organización que habría movido más de $100 millones sin tributar IVA ni Ganancias. El magistrado dispuso trabar un embargo sobre los bienes de la profesional por $3 millones.

En la causa, que recayó en el fiscal Eduardo Villalba, el juez Bavio (secretaría del abogado Santiago French), dispuso el pasado 20 de diciembre una serie de allanamientos en simultáneo en San José de Metán y en la capital salteña, en los que se produjeron las detenciones.

Los otros involucrados como miembros de la organización, con prisión preventiva, fueron identificados por los investigadores como el comerciante con domicilio en Salta capital, Mario

Ricardo Orquera; el productor metanense Víctor Hugo Soto; Lorena Natalia Erica Scarano y Oscar Fabián Ortega, ambos también con domicilio en Metán. Además se trabó un embargo sobre los bienes de Orquera y Soto por $2 millones y sobre los de Scarano y Ortega por $1 millón.

La AFIP denunció que las operaciones se hacían con cartas de porte de granos, que involucran a “prestanombres”.

Como partícipes secundarias del delito de asociación ilícita fiscal fueron procesadas las hermanas, de ocupación amas de casa, Gladys Marisa y Nelly Alicia Chancalay, quienes residen en Metán y se encuentran en libertad. También se ordenó embargar sus bienes por la suma de $20.000.

Entre otras medidas el juez Bavio ordenó oficiar al Consejo de Ciencias Económicas de Salta para informar lo resuelto con respecto a la situación de la contadora Jerez.

La investigación arrojó que Sandra Esther Jerez con la colaboración de Mario Ricardo Orquera, Fabián Ortega y Lorena Erica Natalia Scarano se valían de personas insolventes y empresas con falta de capacidad operativa, de los cuales generalmente eran apoderados, con el objeto de utilizar las claves fiscales que les permitieran obtener cartas de porte, que comercializaban a los productores en la suma que iba de los 150 a los 300 pesos, logrando de esa manera el transporte de granos obtenidos en el mercado marginal.

Por su parte, Víctor Hugo Soto, en la división de tareas asignadas, tendría a su cargo el transporte de la producción en esas condiciones.