La ex ministra de Educación, Ana Mázzaro fue procesada por "fraude en perjuicio de la administración pública" por irregularidades en la construcción de obras escolares del 2003, denunciada hace ocho años en la Justicia.

Además, los procesamientos alcanzan a otros dos exfuncionarios, el director General de Administración, Roberto Entraigas y el inspector de obras, Flavio Linares. Ambos integrantes del equipo de Mazzaro, en el último año de la gestión de Pablo Verani. También se procesó a los dos responsables de las constructoras contratadas, Gustavo Heredia y Julio Lo Pinto.

A todos se les imputó según publica el diario Rio Negro, "el delito de fraude en perjuicio de la administración pública", extensivo además "en concurso real con la falsificación de un documento público" para Entraigas, Linares y Heredia.

La investigación comprende expedientes de seis obras del 2003, denunciadas en el 2005 por el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz en los tribunales de Roca. Derivó en una resolución de incompetencia, cuyo debate recayó en el STJ, el cual, concluyó que el trámite debería seguir en el juzgado N° 4 de Viedma, que incluyó la intervención de tres magistrados. En principio, el juez Pedro Funes, hasta el primer semestre del 2009, y luego lo hizo el correcional Juan Bernardi, como subrogante, quien indagó a los imputados en el segundo semestre de ese año. Este proceso continuo con Bustamante desde agosto del 2011 cuando asumió en ese juzgado.

Seis establecimientos figuran en los expedientes. Cuatro de Villa Regina (N° 265, Nº 85, N° 257 y Jardin de Infantes N°45) y dos de Ingeniero Huego ( Nº 232 y N° 34).

En sus conclusiones, Bustamante afirmó que "en todos los casos, el estado provincial llamó a un grupo de empresas a que ofertaran a fin de practicar distintos trabajos en establecimientos escolares y, a posteriori, la empresa que resultó ganadora no habría efectuado los trabajos encomendados o los habría hecho en forma parcial". Agregó que las constructoras de valieron de "la complicidad de los funcionarios estatales", quienes "estamparon sus rúbricas en distintos actos administrativos de recepción de las obras" y se efectuaron "pagos ilegítimos por parte del Estado provincial por el total convenido cuando en realidad, o faltaba concluir el total de la obra o aquella presentaba una ejecución parcial".

Al analizar las responsabilidades, el magistrado consignó que "Linares y Entraigas, al conformar las facturas, los certificados de avance de obra o las actas de recepción definitiva dieron lugar a los pagos indebidos". Los mismos fueron "posibles por resoluciones firmadas por Entraigas" y por Mazzaro. En todos los casos, "surgen con claridad la existencia de diferencias entre lo contratado y lo cumplido", que debieron objetar esos funcionarios y, "contrariamente, los pagos fueron posibles" por su intervención. En referencia a los contratistas Heredia y Lo Pinto, Bustamante entendió que "existen pruebas" para acreditar "los hechos" y su "responsabilidad penal" por "obras no ejecutadas o ejecutadas en forma incompleta".