El exfiscal de Estado de Río Negro Alberto Carosio fue procesado por el delito de "administración infiel en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público". Si bien la jueza civil como subrogante penal Rosana Calvetti no le dictó la prisión preventiva, le impuso al exfuncionario la obligación de presentarse todos los días ante la unidad policial de su residencia y le prohibió salir de Viedma sin expresa conformidad del tribunal, bajo apercibimiento de perder el beneficio de la libertad y ordenarse su detención.

El hecho investigado ocurrió en el 2004 cuando fueron firmados convenios de pagos ante el Tribunal de Trabajo, entre quienes habían demandado por la aplicación de las leyes 2990 y 2502 y la Fiscalía de Estado de Río Negro representada por Alberto Carosio y Sandra Bombardieri a cargo de la jefatura del área Judicial de ese organismo. La resolución de Calvetti con la secretaría de Carlos Mussi señaló que el imputado por Ley tenía a su cargo la defensa del patrimonio del fisco y de controlar la actividad del Estado en defensa del patrimonio de éste pero que en esta oportunidad omitió formular las observaciones que correspondían sobre las liquidaciones presentadas por los distintos estudios jurídicos que representaban a los demandantes, "actuando fraudulentamente y con el fin de procurar para sí y para terceros un lucro indebido, violando también con su actuar los deberes a su cargo y de tal modo habría perjudicado los intereses confiados defraudando el Estado provincial y causando un perjuicio patrimonial al erario, constatado por la auditoría contable contratada por la misma Fiscalía de Estado ocasionando en consecuencia que al estudio jurídico de Juan José Zalesky se le haya abonado de más aproximadamente 1.700.000 pesos".

En su descargo, Carosio se desvinculó del hecho y cargó responsabilidades en Bombardieri –actualmente detenida por esta causa– su exmarido Francisco Sánchez –recientemente liberado– y el abogado Zalesky. Dijo que eran socios y que Sánchez, desde su posición en la Policía (era asesor letrado) consiguió los poderes de los efectivos con los que Zalesky tramitó los juicios. Agregó que esa sociedad se repartió lo obtenido. Adjudicó a Bombardieri la exclusiva responsabilidad del pago y de "no controlar" y que sospechosamente le pagó al socio de su marido en exceso. Carosio aseguró que cumplió con su función mientras que "otros traicionaron ese mandato y me indujeron a firmar convenios que firmé con la convicción que estaban bien". Agregó que fue una sorpresa conocer que no se había controlado.