La Policía entrerriana y luego la Gendarmería Nacional tenían el dato de que en un quiosco de Concepción del Uruguay se vendía droga. Tras una investigación de más de un año, a mediados de 2013 el Juzgado federal ordenó allanar seis domicilios donde se sospechaba que se ocultaban, fraccionaban y comercializaban los estupefacientes.

En los procedimientos se secuestró algo de droga y varios elementos que sumaron pruebas para la imputación de cinco personas por el delito de Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Entre ellas, Marta Ayala, Rubén Servin y María Aurora Arroyo, a quienes les imputan haber tenido conjuntamente 91,7 gramos de marihuana y 77,2 de cocaína que fuera secuestrado en una de las viviendas donde se encontraban al momento de las requisas. Además, en otro domicilio encontraron dos plantines de marihuana.

El defensor de estos tres acusados apeló el procesamiento y la prisión preventiva dispuesto por el juez federal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. Pero los magistrados rechazaron ambos planteos, y todos seguirán presos hasta el día del juicio oral.

El defensor oficial, Juan Carlos Ferrari sostuvo que los dos plantines secuestrados en la casa de Servín y Ayala “deben considerarse como destinados a su consumo personal”. Además, sostuvo que los acusados estaban en el momento del allanamiento de manera ocasional, y que no tenían disponibilidad sobre la droga que allí había.

Entre otros puntos, Ferrari cuestionó que en la investigación no se hicieron intervenciones telefónicas, y que las observaciones y fotografías de pasamanos en el quiosco no corresponden a la venta de droga en el lugar, sino a movimientos comunes de tal actividad comercial.

El fiscal Ricardo Álvarez rechazó los planteos del defensor, y consideró que las pruebas de la causa son suficientes para mantener el procesamiento de los acusados, ya que ratificaron su estado de sospecha en el delito. En este sentido, aludió a la “existencia de toda una organización destinada al tráfico” y destacó “el modo en que se hallaba fraccionado el tóxico y los elementos de corte, balanza y medicamentos que fueron secuestrados”.

Los camaristas Mateo Busaniche, Daniel Alonso y Cintia Gómez consideraron en el fallo que “las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron habidos los estupefacientes en el domicilio no permiten despojar a Marta Ayala y Rubén Servin de la posesión de los mismos, por el solo hecho de no ser los moradores de dicha vivienda”.

En este sentido, remarcaron las “tareas de seguimiento, que ilustrarían acerca de la vinculación de los imputados en el corretaje de estupefacientes y permite dotar de relación de sentido al hecho investigado”. Se sospecha que en el domicilio de la pareja se almacenaba la droga que luego era vendida en el quiosco de un hombre apodado Perujo.

Respecto de Arroyo, los jueces entendieron que la mujer tenía disponibilidad de la droga hallada en su casa. Al estar la sustancia a simple vista y en cebollines, es decir, acondicionada para la venta al menudeo, “la imputada no es ajena a estos elementos, afirmándose el conocimiento de tales circunstancias”.

Por esto, la Cámara federal de Apelaciones confirmó el procesamiento, “sin perjuicio de que deberá profundizarse la investigación en relación a delimitar la responsabilidad y vínculo” entre todos los acusados de la causa.