La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) participa en la investigación que lleva adelante el fiscal Federal Nº 1, Enrique Senestrari, por la denuncia de supuestos manejos irregulares de fondos públicos de Córdoba Bursátil y Cobrex Argentina SA, que incluye maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero, con un perjuicio varias veces millonario para el erario provincial. Así lo confirmó a LA MAÑANA el titular del organismo nacional, Carlos Gonella, quien aseguró que Procelac llevó la denuncia penal ante el mencionado fiscal, y que ambos “están trabajando” en conjunto.

La denuncia fue presentada por el legislador provincial Ricardo Fonseca (Frente Cívico) primero ante el Procelac (en septiembre) y luego ante Senestrari (en octubre), con el patrocinio del abogado Fabián Moscovich.

Gonella indicó que Procelac “construyó un caso con determinadas hipótesis”, y sugirió “amplias medidas probatorias, que evitó adelantar para no perjudicar la investigación. 

Según supo ayer este diario, la semana pasada el fiscal federal de Córdoba solicitó al juez Ricardo Bustos Fierro una serie de allanamientos, órdenes que el magistrado aún no ha expedido. “Bustos Fierro tiene que dejar de dormir”, reclamó Moscovich, abogado de Fonseca. 

Millones en juego

La compleja denuncia de Fonseca pide la investigación del  destino de $ 815 millones (en términos históricos y nominales, equivalentes a 3 mil millones de pesos actualizados) que habría recuperado Cobrex de la cartera de morosos del Banco de Córdoba y Banco Social. Dicha cartera es administrada por  Córdoba Bursátil, la Sociedad de Bolsa de la Provincia, quien entregó la gestión de cobro a Cobrex.

Según la presentación, Cobrex y Kolektor “son la misma empresa” (al igual que varias otras), por lo que este tema podría quedar emparentado con “las causas de los videos” de Karsten y Tomás Méndez.

“Hay que establecer si existen hechos típicos antijurídicos, culpables y punibles en relación a cifras millonarias en evasión tributaria y lavado de dinero, teniendo como punto de partida que han desaparecido tres mil millones de pesos”, señaló a este diario Moscovich. Y agregó: “Córdoba Bursátil está controlada por la Comisión Nacional de Valores, y esa plata debería haber sido materia de información pública y no de ocultamiento, teniendo en cuenta que proviene de una cartera de créditos que es primera garantía de un préstamo tomado por De la Sota y que nunca fue rendido”, agregó, en referencia al título de deuda por 295 millones de dólares, emitido en 1998 por la Provincia para capitalizar el Banco de Córdoba. Según la presentación, la Provincia pagó los servicios de esa deuda con la “segunda garantía” del título, que es la coparticipación federal de impuestos, y no con el recupero supuestamente millonario de la cartera morosa del Banco. 

El pasado 14 de octubre, tal como publicó en exclusiva este diario, la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª Nominación de Córdoba, ordenó a Córdoba Bursátil brindar información sobre el Convenio de Prórroga del Contrato de Fideicomiso prorrogado en 2008 entre la Provincia, el Banco de Córdoba y Córdoba Bursátil, y del destino de los fondos que ahora son objeto de investigación.