Lo afirmó la intendenta María Eugenia Martini en referencia al caso de los dos funcionarios municipales que días atrás fueron separados de sus cargos por “serias irregularidades” en el otorgamiento de habilitaciones comerciales. “No voy a dar marcha atrás en la investigación”, aseguró, pese a que los sancionados Jorge Layana y David Betancourt presentaron un documento exigiendo la nulidad de la medida.
El gobierno municipal intervino días atrás la Dirección de Inspección General por “serias irregularidades”. La medida fue tomada tras el resultado que arrojó el informe de una auditoria realizada por la Dirección de Contaduría en el área de habilitaciones comerciales.
En este sentido, el secretario de Gobierno, Alejo Arias, explicó oportunamente que “de un muestreo de cien expedientes al azar, 29 -prácticamente el 30 por ciento- presentaban irregularidades importantes, como habilitaciones sin planos, carentes de final de obra, o estatutos, contratos de locación y poderes sin legalizar”.
Los funcionarios suspendidos, disconformes con la sanción, presentaron el miércoles pasado un documento pidiendo la nulidad de la resolución de la jefa comunal que determinó el desplazamiento provisorio de sus cargos.
Según pudo averiguar ANB, en el texto señalaron que la suspensión no tiene sustento y es “ilegítima”.
No obstante, Martini aseguró ayer que la decisión de la comuna es “seguir los pasos correspondientes” y aclaró que no dará marcha atrás con la investigación.
La intervención de la Dirección General de Inspección y la separación temporaria de Layana y Betancourt generó gran malestar entre las autoridades del SOYEM, quienes expresaron su “enérgico repudio” a la manera en la que se llevó adelante el procedimiento. “Se hizo sin haberle avisado a los compañeros, que se enteraron por los medios”, criticó en diálogo con este medio el secretario adjunto del sindicato, Juan Fuentes.
El gremialista cuestionó además la difusión realizada de los resultados parciales de la auditoría que demostrarían una serie de irregularidades en la entrega de habilitaciones comerciales: “Así sale manchada toda el área y hasta que no se demuestre que los trabajadores cometieron alguna falta, hasta que no esté totalmente comprobado, son inocentes”, señaló.
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