El Ministerio de Hacienda es un polvorín a punto de estallar. Tras el escándalo desatado por la estafa en la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), ahora crecen los rumores de renuncias en la cartera que comanda Adrián Cerroni.

Esta mañana corrió por los pasillos de Casa de Gobierno la versión que indicaba la renuncia del propio ministro. Para evitar que la bola de nieve siguiera creciendo, el ministro de Gobierno, Félix González, desmintió rotundamente la renuncia de Cerroni.

Sin embargo una fuente de Hacienda lo contradijo al confirmar que "seguramente a Cerroni le pasa por la cabeza renunciar ante todos los conflictos desatados en estos últimos meses".

Quien se sumó a la ola de posibles bajas es el director de Rentas, Rodolfo Quiroga, quien reconoció que la decisión del Ejecutivo de contratar una consultora privada para mejorar la recaudación provincial es "claramente una privatización de la actividad pública" y aclaró que en caso de continuar con el decreto, "renunciaré sin dudarlo".

Sin embargo, la renuncia de Quiroga estaría al caer ya que sería el mismo gobernador Celso Jaque el que pediría su baja. Es más, Félix González afirmó. "Me parece muy bien que renuncie si no comparte un proyecto de las autoridades que están más arriba que él. Me parece digno que lo haga".

La polémica

Hace tiempo que la productividad de la Dirección General de Rentas (DGR) está en tela de juicio y por ello Jaque y Cerroni avanzaron en la firma del decreto Nº 989 que habilita al Estado a contratar una consultora privada para mejorar la recaudación provincial. Lo cierto es que esta situación desató la furia de los empleados del organismo quienes denuncian "negocios oscuros y fraude a los mendocinos".

Ante este escenario, los empleados de Rentas cortaron las calles circundantes a Casa de Gobierno para reclamar. Además desde el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) confirmaron que acudirán nuevamente al fiscal De Rosas para que revea su decisión y declare inconstitucional el decreto de la polémica.

El reclamo principal de de todo el arco jerárquico de la DGR es que mientras aumenta la recaudación, la repartición cuenta cada vez con menos recursos económicos y de personal para hacer frente a las obligaciones que le demandan. Asimismo se cuestiona "la privatización de la actividad pública" que traería réditos impensados para la empresa contratada ya que, según estimaciones del gremio, la consultora cobrará hasta 30 por ciento de excedente de la recaudación mensual.

Aunque Cerroni negó rotundamente que la medida se trate de una tercerización, lo cierto es que técnicamente la compañía operaría en lugar de los equipos de Rentas. "Al dejar de hacer los cobros de la provincia se violan varias leyes del código local. Entre otras, la Ley de Contabilidad y la Ley de Responsabilidad Fiscal", aseguró Víctor Hugo Dagfal, líder de Sitea.