Pablo Martínez (UCR) introdujo el tema en recinto, al recordar que la ordenanza de emergencia del agua estipulaba horarios de restricciones para el uso del agua en Comodoro Rivadavia y la manda de iniciar campañas de concientización para la racionalidad del recurso, aunque recriminó que no se ve ni desde la prestataria ni desde el municipio que se haga pie en alguno de esos ejes.

Reclamó así la necesidad de plantear obras de fondo para una ciudad que inauguró su último acueducto hace 15 años previendo una población de 200.000 habitantes, cifra que consideró ampliamente superada y a la que hay que sumar otros factores como un parque automotor de más de 200.000 vehículos que son lavados semanalmente, cambios de hábitos de consumo, expansión demográfica y puntos de forestación como la zona de los kilómetros.

Martínez afirmó que no alcanza la puesta en funcionamiento de los acuíferos o dejar de perder agua en el acueducto a Caleta Olivia, o reparar lo que se pierde hoy en las redes, del orden del 20% del caudal.

“Necesitamos sí o sí duplicar la disponibilidad de agua, hay que gestionar y poner en agenda del gobernador y la Presidente que necesitamos o un nuevo acueducto o una planta desalinizadora de agua”, pidió.

Con esta problemática como base del debate parlamentario, en el que surgieron distintas ópticas, Viviana Navarro (FpV) fue la única que personalizó las críticas para cuestionar algunas actitudes del nuevo titular del Consejo de Administración de la SCPL, Miguel Angel López.

Es que más allá de desearle suerte en la gestión y “que dure más que lo que duró en la gestión Buzzi”, la concejal criticó que el nuevo directivo responsabiliza de muchas cuestiones a los trabajadores del área, poniendo en duda su capacidad o vocación de diálogo tanto con los gremios como con el Gobierno provincial cuando justamente lo que debe hacer en este momento es gestionar con este último para conseguir una audiencia en la Secretaría de Energía de la Nación, y poder avanzar en la quita de intereses o un plan de pagos de la millonaria deuda con Cammesa por electricidad.

El titular del oficialismo, Juan Pablo Luque subrayó a su vez los reiterados posicionamientos del Concejo en torno a la problemática y respecto de las obras que requiere la ciudad, aunque enfatizó en una inacción en la que recayó el Gobierno provincial y que redunda en un detrimento de 4 millones de pesos mensuales para la SCPL.

Luque describió que la deuda con Cammesa es de 170 millones de pesos, y solo 115 de capital, para ilustrar como “usurarios” los intereses que aplica la mayorista. Y recordó luego que en una gestión conjunta del Concejo, el Ejecutivo municipal y la SCPL se logró que Provincia asumiera los costos de mantenimiento del acueducto que le corresponden, y que implican gastos por $4 millones mensuales. No obstante, cuestionó que tal convenio fue rubricado en noviembre de 2013 y que recién la semana pasada, a un año de su firma, fue remitido a la Legislatura, paso ineludible para su aplicación efectiva.

José Gaspar a su vez, echó en falta la presentación de un plan de desendeudamiento de parte de la institución, e hizo votos porque la actual comisión directiva se haga cargo de elaborarlo.

CLOACAS Y NUEVAS CONSTRUCCIONES

La concejal Viviana Navarro, titular de la comisión de tierras y planeamiento urbano, anunció ayer en recinto que la semana próxima se concretará una nutrida reunión con el área de planeamiento de la Municipalidad y la SCPL. El objetivo es encontrar un marco de regularización vinculado a la construcción de propiedad horizontal y el cálculo para el servicio de cloacas, ya colapsado.

Gaspar aclaró que la obra de redes cloacales es una responsabilidad del municipio, y que no se le puede exigir al privado, y planteó como alternativa la posibilidad de que Obras Públicas desarrolle para el servicio de saneamiento planes similares a los de las 1.000 cuadras de asfalto, pero de 1.000 cuadras de renovación cloacas, poniéndolo al cobro del mismo modo que el asfalto.