Primera cautelar a favor de un adherente al plan Ospe-Privado

Primera cautelar a favor de un adherente al plan Ospe-Privado

El juez federal Ricardo Bustos Fierro hizo lugar ayer a una acción de amparo presentada por un afiliado y su grupo familiar al plan de salud Hospital Privado-Ospe contra la obra social de los petroleros Ospe, y otorgó la medida cautelar solicitada, consistente en el restablecimiento de la cobertura en ese centro de salud.

 

El juez intimó a Ospe a restablecer la atención en ese hospital en el plazo de tres días, conforme al plan contratado en enero de 2012 por el grupo familiar, integrado por dos adultos y dos menores.

También dispuso que se preste particular atención a la asistencia médica integral de los tratamientos en curso a dos integrantes del grupo familiar.

La demanda fue presentada durante la feria judicial por el abogado Germán Antonio Contreras, en su doble carácter de letrado y damnificado por los cambios dispuestos por Ospe a partir de este mes para los adherentes al plan de salud del hospital Privado.

Y es que Ospe dispuso que, para conservar la cobertura en ese establecimiento, los beneficiarios deben cambiarse a un plan cuyo costo en promedio duplica el monto que venían pagando.

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Quienes no aceptan el traspaso, a pesar de que su plan era específico para el Privado, pasan a tener un cambio sustancial en su plantilla de prestadores, con cobertura en tres clínicas de la ciudad de Córdoba (sanatorio Parque, sanatorio Mayo y hospital Italiano).

Esa situación involucra a unos 13 mil adherentes, en los que generó fuerte malestar, y motivó, en algunos casos, la presentación de recursos ante la Justicia.

“En esto hay una ilegalidad manifiesta, porque hay un incumplimiento del contrato de adhesión, que se rige por el derecho privado y por la ley de defensa del consumidor”, dijo Contreras, al tiempo que manifestó su satisfacción por la decisión judicial. En su caso, según indicó, el monto de la cuota del grupo familiar para mantener las prestaciones en el Privado trepaba de cinco mil a 10 mil pesos.

Y precisó que, aunque el efecto es sólo sobre el caso presentado, “es un antecedente que abre la puerta en la Justicia para otros afiliados en la misma situación”.

En esa dirección, adelantó que ya tiene otros 10 recursos en carpeta para ser presentados en Tribunales federales, además de otros en estudio.

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