La reforma constitucional de 1994 estableció que debía dictarse una nueva ley, pero jamás se cumplió con esa disposición.
En ese entonces la distribución primaria otorgaba el 82% de los recursos a la Nación y el 17,5% a las provincias. Desde allí el porcentaje de las provincias fue creciendo paulatinamente y en 1958, según las disposiciones de una nueva ley de coparticipación, la nación se llevaba el 54% y las provincias el 46% restante.
Los últimos años
En 1973, luego de severos recortes a los porcentajes de los estados provinciales, surgió la necesidad de aplicarles un tratamiento diferencial. La ley 20.221 establecía un 50% para las provincias y lo mismo para la nación.
En 1988 y con la ley 23.548, se definió el sistema que rige en la actualidad que establece una distribución primaria el 42,3% para la Nación y el 54,4% para las provincias y se aparta un 2% para la recuperación del nivel relativo de desarrollo de las provincias, y 1% al fondo de Adelantos del Tesoro Nacional.
La Constitución de 1994 estableció que en un plazo menor a un año el Congreso debía dictar una nueva Ley de Coparticipación, sin que ello suceda todavía.
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