El ex presidente de la Junta militar será juzgado desde el 2 de julio, en Córdoba, por 32 homicidios.
Sí o sí, el próximo 2 de julio comenzará el juicio oral y público por el asesinato de 32 presos políticos, hechos en los que están involucrados el ex titular de la Junta militar, Jorge Rafael Videla, y Luciano Benjamín Menéndez, junto con otros 23 imputados.
Las audiencias en el Tribunal Oral Federal Nº1 (TOF1) iban a comenzar hoy, pero debido a que se demoró más de lo previsto otro juicio contra Menéndez en Tucumán, se fijó la prórroga. Esta vez, prometió el titular del TOF, Jaime Díaz Gravier, no habrá más dilaciones.
Videla será sentado en el banquillo por primera vez tras el histórico Juicio a las Juntas, en 1985. Díaz Gavier confirmó, en declaraciones a LaVoz.com.ar, que el ex hombre fuerte de la dictadura deberá ser trasladado a Córdoba, y quedará alojado en la cárcel de Bouwer. Videla está detenido en una unidad del Servicio Penitenciario Nacional.
Su presencia en este juicio se justifica porque todos los muertos estaban bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), pese a encontrarse detenidos en la vieja cárcel de barrio San Martín, la ex UP1.
La acusación sostiene que 28 presos fueron fusilados durante fugas fraudulentas. Otra de las víctimas, René Mourkazel, murió estacado en el patio de la penitenciaría, durante julio de 1976. Los restantes habrían fallecidos en la D2 de la Policía, donde, aparentemente, no soportaron las torturas. Las muertes investigadas se produjeron entre el 30 de abril y el 11 de octubre de ese año.
Además de los dos “pesos pesados” hay otros 13 ex miembros del Ejército y nueve ex integrantes de la D2 que estarán formados frente al tribunal, como imputados. Entre los policías se destacan Carlos Yanicelli y Yamil Yabour.
Aún resta saber si la Cámara de Casación aceptará unificar a la causa UP1 la denominada causa Gontero. En esta última se investigan los tormentos que habrían recibido cinco policías y un civil a manos de efectivos del D2.
Ayer, la agrupación Hijos reclamó a la Justicia Federal que habilite el trámite de unificación de ambas.
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