La reforma política es algo aproximado a las primarias estadounidenses y la candidatura presidencial de cada uno de los partidos debería resolverse en una suerte de colegio electoral. Así, se buscan dos cosas: evitar que las elecciones generales se transformen en internas abiertas y reducir el peso de los distritos grandes sobre los más pequeños. Kirchner está pensando en su futuro y, de hecho, obligará por ley a los peronistas a meterse en la pelea interna. Allí se debería definir la suerte de las candidaturas. Frente a esto, los peronistas disidentes deberán decidir si se quedan o si van por fuera, con otro sello partidario. O si se plantean pelear la conducción, a la que renunció Kirchner después del 28 de junio.

La lucha interna promete, como siempre en el PJ, ser muy conflictiva por el manejo del aparato justicialista, muy útil para la ambición de Kirchner o de quienes se atrevan a disputarle la candidatura presidencial. Aquí entran en escena los grupos de despliegue rápido que está armando para asegurar el control de la calle, una de las obsesiones de Kirchner. De nuevo la distancia entre la formalidad y la realidad. Entre las palabras y los hechos. Esa brecha, por ejemplo, queda patente en las agresiones que sufrió el jefe de la UCR en Jujuy, en otro escalón más de esta política de crispación.