La ley de ética pública fue uno de sus compromisos asumidos en su discurso del 1 de mayo. Pero desde que el proyecto entró a la Legislatura, quedó frizado. Este martes, el gobernador Francisco Pérez sostuvo que la demora en tratar esta norma que obligaría a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas, es por la falta de responsabilidad política de los legisladores.

"Sin lugar a dudas, mía no. Yo tengo toda la voluntad política", aclaró Pérez, salvando la ropa, puesto que tal como había anunciado en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, había enviado el proyecto meses después. Y de esa manera dejaba en evidencia la falta de trabajo de la Legislatura para abordar la ley de Ética Pública. El gobernador directamente señaló a los legisladores como responsables de que no se discuta la norma.

"La ley de Ética Pública seguramente puede ser objeto de correciones, pero conforme a lo que me comprometí en mi discurso del 1 de mayo, lo llevé adelante", reafirmó Pérez, dejando sin salvavidas a los legisladores.

El proyecto obliga a los funcionarios de los tres poderes del Estado a presentar su declaración jurada de bienes y que la misma sea de acceso público y gratuito. El proyecto, que ingresó en Setiembre, se encuentra paralizado en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. En la Legislatura, reconocen en off the record que "no hay decisión política" para agilizar el tratamiento de la norma, según publicó El Sol.

Por ello, el proyecto enviado por Pérez recién se podría tratar en 2014.

De inmediato, el gobernador recordó otra ley que está congelada en comisiones y no llega al recinto. La ley de Educación, presentada por el ex gobernador Celso Jaque y que prácticamente quedó en la nada. Uno de los principales escollos era el financiamiento de la misma. En noviembre de 2008, El Sol sacaba cuentas: para poder implementar esta norma, en ese momento hacían falta unos 400 millones de pesos más porque implicaba una inversión del 6 por ciento del Producto Bruto Interno.

"Hace seis años que se está debatiendo. En algún momento hay que provocar el quiebre y llevarla a la discusión y sanción para que la provincia, con la envergadura que tiene, tenga su ley moderna y pensando en las siguientes generaciones

La ley de educación debía tratarse en agosto de este año, pero sigue en veremos, aún cuando el trabajo legislativo ya había concluido y estaba lista para ser debatida. El punto conflictivo, resistido entre otros por el SUTE, era el financiamiento -el gremio considera que debe alcanzarse el 8 por ciento-.

No es la primera vez que Pérez cuestiona el trabajo de los legisladores. Recientemente, el diputado Daniel Cassia y el senador Juan Carlos Jaliff expresaron su malestar sobre el mandatario porque éste habría asegurado en una reunión que los legisladores eran unos "vagos", según publicó en su momento El Sol online.

La situación se dio cuando Pérez recibió a los choferes de taxis que se habían movilizado a Casa de Gobierno en protesta por el asesinato de un compañero. En esas instancias, cuando redactaban el decreto -posteriormente ley- que establecía las condiciones de seguridad obligatorias para taxis y remises, el mandatario provincial habría acusado a los legisladores provinciales de "vagos", según pudieron saber Cassia y Jaliff por boca de los mismos choferes y gremialistas. El oficialismo en la Legislatura, sin embargo, negó los dichos del gobernador.