El gobernador Francisco Pérez volvió a despotricar contra el Poder Judicial. Esta vez lo hizo en una reunión que mantuvo con los integrantes de la bicameral de Seguridad, donde presentó un detallado informe que marca las falencias que él detecta en el accionar de la Justicia, las que a su entender dificultan el funcionamiento del trabajo policial.

Durante tres horas y media, en lo que fue casi un monólogo catártico, Pérez utilizó diversos ejemplos que mostraban hechos concretos en los que la falta de coordinación y las demoras judiciales impiden el adecuado trabajo de la Policía.

"Se vio a un gobernador enfurecido con la realidad judicial", comentó el diputado demócrata Aldo Vinci.

"Pérez estaba notablemente enojado", añadió por su lado la presidenta de la bicameral, la radical Milagros Suárez.

Y si bien no hubo grandes conclusiones, más allá del compromiso de los legisladores de estudiar los antecedentes y documentos presentados por el mandatario y de promover o reactivar normas para el mayor control de jueces y fiscales, hubo coincidencia plena en que el encuentro "fue positivo" para avanzar en el mejoramiento de la prevención del cada vez más preocupante flagelo de la inseguridad.

Hubo quienes resaltaron que prácticamente no hubo autocrítica del gobernador sobre cómo la Policía previene el delito. De hecho, Pérez basó su exposición en destacar los inconvenientes que la fuerza tiene para trabajar por causa de la Justicia.

Pero todos estuvieron de acuerdo en que hace falta cambios para que tanto el Ejecutivo como la Justicia puedan cumplir con sus responsabilidades.

"Es indudable que falta articulación entre los responsables de detectar e investigar un delito", resaltó la senadora Alejandra Naman (Nuevo Encuentro).

"Se nota la falta de relación armónica entre policías y fiscales", indicó Suárez.

Sobre esto, Pérez entregó a los legisladores diversos datos sobre numerosas causas sin resolver, órdenes de allanamiento que no se concretaron, pedidos de escuchas para investigar no autorizados, todos elementos que le permitieron justificar que la policía, como ya se ha dicho, en no pocos casos tiene "las manos atadas".

En muchos de los casos, Pérez mostró los inconvenientes para avanzar en hechos vinculados con el narcotráfico. Incluso, durante la charla hubo planteos sobre cómo modificar las competencias que le tocan a la provincia y a la Nación en ese conflictivo punto.

Pero más allá de la catarsis -que según algunos, por momentos se tornó iracunda- el mandatario no hizo propuestas concretas para generar algún tipo de cambio aunque sí habló de apoyar algunas iniciativas que ya existen, fundamentalmente para incrementar el control sobre la tarea de jueces y fiscales.

De hecho se habló de avanzar en la modificación de la ley de Jury, a partir de un proyecto de los senadores Juan Carlos Jaliff (UCR) y Fernando Simón (PJ), que profundizaría el control sobre los magistrados. En la actualidad esa norma puede condenar con la expulsión o absolver a los jueces, sin términos medios. "Esta propuesta apunta a que existan sanciones intermedias", explicó Jaliff quien también estuvo en el encuentro con Pérez.

La nueva norma también planteará otros puntos, como exámenes periódicos sobre la condición física y mental de los magistrados, lo que podrá definir su continuidad en el cargo.

De todos modos no son pocos los que reclaman avances en iniciativas ya encaradas, como la Policía Judicial o la implementación del nuevo Código Procesal Penal en todo el territorio provincial. Y también hay quien pide que se atiendan las falencias del 911 e incluso "que se revise la formación de los policías", algo que Pérez no planteó en el encuentro.