A través de un polémico decreto, el gobernador Francisco Pérez decidió que el Estado mendocino no financiará ninguna campaña política local durante el año electoral 2015, al tiempo que liberó la prohibición que los partidos políticos tenían para hacer contrataciones publicitarias con la intención de difundir candidatos.

La decisión generó la inmediata reacción de los referentes opositores, algunos de los cuales llegaron a plantear iniciativas judiciales contra el mandatario, por desobedecer el mandato legal.

“Suspéndase para las elecciones provinciales y/o municipales que se realicen durante 2015, la obligación establecida en la ley 8.619 a cargo del Estado provincial de financiar las campañas de publicidad electoral de las agrupaciones políticas en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta  y/o por suscripción, y/o en la vía pública, y/o en medios gráficos y/o por cualquier otro medio”, señala el decreto en su primera parte.

El principal argumento que esgrimió el Gobierno fue presupuestario, ya que, según el ministro Legal y Técnico, Francisco García Ibáñez, “es imposible” cumplir con esa pauta planteada en el artículo 18 de la Ley, que en principio implica unos $ 40 millones, pero que desde su perspectiva “es difícil de calcular exactamente”, pudiendo ser un número mayor y desnudando una vez más las serias dificultades financieras por las que atraviesa la provincia.

Sin embargo, para los opositores la cuestión va más allá. Así, algunos, como los demócratas, apuntan a una jugada política del PJ para impedir ver triunfos de la oposición que se adelanten a su performance en la general, como podría ocurrir en Capital -que adelantó las PASO al 22 de febrero y la elección de intendente al 3 de mayo-.

Otros, como el propio radicalismo, creen que lo que el oficialismo busca es hacer usufructo de los fondos públicos para su propio beneficio, perjudicando así a las otras fuerzas.

Un paso atrás

Si bien las PASO municipales no pierden vigencia, es cierto que el decreto 2.015 se fundamentó en el adelantamiento electoral de Capital, hecho determinante en la decisión.

El Gobierno de todos modos se defendió de las especulaciones. “Nosotros no iniciamos esto. Fue la UCR  la que lo inició, con su convocatoria intempestiva a las elecciones en la Ciudad”, indicó el vocero oficial García Ibáñez, argumentando que esa situación y la falta de dinero, sobre todo ante una posibilidad de que se repitiera el escenario en otros departamentos, provocó la reacción del Gobierno.

Para el arco opositor “se da un paso atrás” en el avance democrático que supuso la reforma electoral que generó las PASO locales. En ese sentido García Ibáñez señaló que ahora las campañas “se harán como se hacían antaño”, confirmando que la innovación planteada por la ley no será contemplada.

De este modo, el “paso atrás” implica que vuelvan a ser los partidos los que financien sus campañas, lo que atentará contra aquellas agrupaciones pequeñas, como las de Izquierda, que gracias a las PASO lograron prevalecer en el imaginario colectivo, a partir de la gratuidad publicitaria.

“Con esto triunfan los aparatos partidarios”, se quejaron en el FIT, aduciendo que “los partidos grandes gozan del apoyo de los aportes privados”.

El mismo García Ibáñez corroboró esto, al rechazar las quejas radicales.

“El radicalismo no es un partido minoritario. No vemos particularidad de perjudicarlo. Tal vez a los partidos minoritarios...”, lanzó el funcionario de Pérez.

Tanto el PD como la UCR hablaron de las posibilidades de judicializar el tema. “El gobernador ha actuado muy mal asesorado y se ha puesto al borde del juicio político", destacó el presidente demócrata Richard Battagión.

“Es un golpe a la institucionalidad de Mendoza”, cuestionó la UCR, que advirtió que “evalúa” acciones judiciales contra el mandatario. El Gobierno una vez más se defendió. “El que se sienta afectado tiene el derecho constitucional de reclamar”, concluyó García Ibáñez. 

Decidirá la Legislatura

El Ejecutivo quiso dejar en claro que Pérez, “por decreto, suspende el pago del Estado de las campañas políticas”, pero también resaltó que la acción es “ad referéndum” de la Legislatura, por lo que dejó en manos de los senadores y diputados la decisión final.

De este modo, añadió un tema de discusión a los legisladores que por estos días se aprontan a debatir el Presupuesto 2015, en cuyo proyecto ya había dispuesta una partida para cumplir con el artículo 18 de la ley 8.619, algo que ahora no se sabe si estará.

“Es una decisión del gobernador”, se limitó a responder García Ibáñez, quien de todos modos reconoció que “podría incorporarse” lo que, llegado el caso, se constituiría en un debate adicional que hasta podría definir el futuro presupuestario provincial.

En ese sentido es válido el cuestionamiento demócrata que señala que con esta actitud, el Gobierno busca “presionar a la oposición” para que apruebe el Presupuesto 2015 con endeudamiento y evitar el virulento debate que se produjo este año.