El gobierno decidió prorrogar nuevamente los decretos 1/2012 y 868/2012, que congelaban las contrataciones en el Estado, pero incluyó nuevos artículos que refuerzan la medida, que tiene como función, ahorrar gastos en el Estado.

Las diferencias surgen a primera vista. Mientras el decreto 1/2012 contenía tan sólo nueve artículos, el decreto 43/2013 está conformado por 22 artículos, en donde se profundiza, no sólo limitar las contrataciones, sino que ordena, entre otras cosas, que sólo se le compre combustible y gas a la empresa nacional YPF S.A. y ordena un mayor control sobre los empleados estatales.

La razón principal del decreto 1, publicado en el Boletín Oficial del 3 de enero de 2012, era congelar las nuevas contrataciones, quedando todo bajo la autorización del gobernador.

Sin embargo, el decreto 43/2013, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, reitera esa medida, pero también pone el foco en los empleados ya existentes y en el control sobre las compras de insumos para el Estado.

En el primer artículo del decreto, que se extiende hasta el 31 de diciembre, Pérez vuelve a prohibir “toda designación de personas en cargo de mayor jerarquía, planta permanente, temporaria, locaciones de servicio o de obra con personas físicas por parte de los organismos de la Administración Central, organismos descentralizados, otras entidades y entes reguladores”, salvo que exista la autorización del gobernador.

En los siguientes artículos se suspenden los incrementos de porcentajes u otorgamientos de nuevos adicionales en los salarios, como así también el otorgamiento de horas cátedras a empleados de planta permanente.

Pero es a partir del cuarto artículo donde el decreto suma puntos nuevos, ya que la norma exhorta a todos los directores o jefes de área a que realicen todos los actos para que los empleados en edad de jubilarse, comiencen los trámites necesarios y prevee que si se les debe vacaciones, estas deberán ser otorgadas previo a que se concrete la jubilación.

Pero ese no será el único control sobre los empleados estatales, ya que el decreto también ordena la adquisición de “un sistema informático y digital de control de ingreso y egreso del personal de la administración pública provincial”, como así también un censo, donde se identifique a cada empleado en su lugar de trabajo, el cumplimiento horario y las tareas que realiza.

Entre dos de las novedades del nuevo decreto, se encuentra una, que es la suspensión de la firma de nuevos convenios con universidades, facultades y otros organismos no gubernamentales, siempre y cuando, esto le cause una erogación económica al Estado.

En tanto, la segunda tiene que ver con YPF, ya que Pérez decretó que para abastecer a los autos y maquinarias pertenecientes a la provincia, solo se deberá adquirir gas y combustible en la empresa petrolera reestatizada. La única excepción es que no haya una boca de expendio en 50 kilómetros.

Otra de las medidas que contiene el decreto tiene que ver con el uso de celulares, servicio que el gobernador decidió restringir solamente para él, ministros, secretarios con rango de ministros, subsecretarios y directores. En caso de aquellos que no ocupen uno de esos cargos, se les ordenó devolver los aparatos en un plazo de treinta días.