La iniciativa será enviada a la Legislatura la semana que viene. En esta nota, los puntos principales.
La iniciativa que prometió el gobernador Francisco Pérez el 1 de mayo será girada la semana que viene a la Legislatura y estos son los puntos sobresalientes, según la información brindada por la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación:
- La obligación de declarar bienes recaerá sobre todo funcionario que maneje fondos públicos y tenga responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas, incluidos los jefes policiales, los responsables de los entes autárquicos y las empresas del Estado.
-Esa declaración deberá ser modificada anualmente, en caso de producirse cambios.
- Jueces y legisladores provinciales estarán incluidos. No así los legisladores nacionales. Se invitará, por otra parte, a que los municipios adhieran a la norma.
- Los jueces deberán rendir cuentas ante la Escribanía General de Gobierno, aunque en el Gobierno no se descarta que la Suprema Corte de Justicia pueda oponerse. Es que la Corte Nacional, a fines de agosto, declaró inaplicable una modificación impulsada por la Presidencia que ordenaba presentar las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y definió que seguirá siendo autoridad de aplicación en este tema.
- Los candidatos en las próximas elecciones quedarán obligados también a rendir cuentas de todo lo que tienen.
- Estas declaraciones serán de acceso público en internet.
- Se sumarán las declaraciones juradas de bienes de los familiares directos y los socios de hecho. Aunque en estos casos, las declaraciones no se darán a publicidad. Las resguardará la Escribanía General de Gobierno, organismo que deberá entregarla a solicitud de cualquier ciudadano.
- No se creará una Oficina de Corrupción ni una comisión de Ética, ya que se apunta específicamente a modificar el régimen de declaraciones juradas de los funcionarios, que hoy no tiene ley en Mendoza y se realiza a través de un viejo decreto, con restricciones de acceso.
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