En medio de la polémica por la reforma de la Constitución provincial, el gobernador Francisco Pérez y el presidente de la Corte mendocina, Pedro Llorente, protagonizarán el jueves en San Martín el acto de inicio del año judicial.

No se sabé qué dirán uno y otro frente a los micrófonos, pero el encuentro se destaca en la agenda, debido a que la reforma con reelección incluida de Pérez puede depender en buena medida del criterio del alto tribunal.

Esto se debe a que el gobernador mantiene en carpeta la posibilidad de convocar en octubre a elección de convencionales constituyentes, eludiendo el debate legislativo sobre la necesidad de la reforma. Si así ocurre, desde los distintos frentes de la oposición amenazan con accionar ante la Corte para que defina si la medida es constitucional o no.

El antecedente es negativo para el Poder Ejecutivo. En 1987, una sala de la Corte frenó a través de un fallo un intento de reforma debido a que interpretó que el plebiscito respectivo no había generado el mínimo de votos positivos necesarios: la mitad más uno del electorado general.

La maniobra de Pérez tiene precisamente ese problema, ya que el gobernador convocaría a la elección de convencionales respaldándose en el resultado de un plebiscito de 2001 donde tampoco se obtuvo esa cifra, a pesar de que el "Sí" a la reforma ganó.

Corte distinta. No obstante, tanto en el mundo de la política como en el de la Justicia, hay quienes consideran que los tiempos han cambiado desde el viejo fallo de 1987 y que ahora las decisiones pueden ser diferentes.

De hecho, en la propia Corte, se perciben criterios diversos sobre la reforma: los dos últimos ministros parecen tener opiniones contrapuestas sobre la reforma constitucional.

Mario Adaro, el penúltimo ingresante al alto tribunal, ya le advirtió al gobernador que no avala este camino para la reforma. En cambio, Omar Palermo, el ministro más nuevo, quien fue propuesto para ese cargo por el gobernador, ha afirmado públicamente que está a favor de reformar la Carta Magna. Aunque hay que aclarar de todos modos que Palermo no ha adelantado opinión sobre la presunta convocatoria de convencionales para concretarla.

Sobre ambos ministros del Este gravita el presidente Llorente, quien otra vez inclina la balanza a favor de Pérez. Es que Llorente, a pesar de tener origen radical, tiene una muy buena relación política con el gobernador.

Los acuerdos con el jefe de la Corte (quien tiene mandato hasta noviembre de este año) se notaron cuando Pérez optó por congelar la autarquía del Poder Judicial, debido a que Llorente no estaba de acuerdo con las cifras del proyecto oficial.

La consecuencia fue la parálisis del proyecto y el propio Pérez eligió a fines del año pasado que la Corte siga avanzando con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (se encuentra en vigencia sólo en primera y segunda circunscripciones judiciales) antes que aceptar la autarquía.

La obra. Además, en términos concretos, Pérez y Llorente tienen hoy más razones para celebrar que para enfrentarse.

Recién llegado de su misión a China e India, el gobernador presentará junto al jefe de la Corte el nuevo edificio del Poder Judicial de San Martín, una obra que demoró mucho, pero que resulta un logro importante en medio de las dificultades para concretar obra pública del Ejecutivo.

La construcción comenzó justo cuando el mandatario debutaba como ministro de Obras Públicas de Celso Jaque (2007), pero la ejecución demoró cuatro años más de lo previsto. Como consecuencia, el edificio terminó costando casi el doble que lo que se presupuestóinicialmente: el valor se incrementó de 29 millones de pesos a más de 49 millones.

A pesar de los retrasos, la inauguración del palacio judicial de San Martín le permitirá a Pérez cerrar un ciclo. El paso siguiente del gobernador será la definición del discurso del 1 de mayo ante la Asamblea Legislativa. Allí Pérez relanzará la reforma constitucional, con la secreta esperanza de que la Corte no sea un escollo para lograrla.