Nuevamente se calienta el clima político por las cuentas públicas. El oficialismo apura la aprobación de una ley en un trámite exprés: el lunes a la mañana la trataría el Senado y el lunes por la tarde Diputados, pese a que el martes y el miércoles, respectivamente, tienen su sesión semanal habitual. La ley es un proyecto que ingresó por mesa de entradas del Senado a última hora del martes remitido por el Ejecutivo y se trata de una serie de modificaciones a la ley de Contabilidad de la provincia para poder incrementar partidas y cubrir baches financieros sin necesidad de tener Ley de Presupuesto.

Más aún, en el texto que propone el Gobierno hasta la autorización para tomar créditos votada en el presupuesto del año anterior se considera vigente para el ejercicio en curso. Todas estas libertades para disponer de recursos del Estado han encendido la ira de la oposición, que reclama transparencia en la administración del Estado. Esto sin contar la posibilidad de tomar créditos por casi 1.800 millones de pesos.

Desde el oficialismo, Jorge Tanús dice que, teniendo en cuenta que la oposición no votó un presupuesto, entonces hace falta que el Ejecutivo pueda destinar recursos a las diferentes partidas para sostener el funcionamiento del Estado.

El ministro de Hacienda, Marcelo Costa, indicaba a Radio Mitre que buscan "evitar la situación de gobernar por decreto, por eso proponemos esta ley que reglamente el proceso de la reconducción del Presupuesto".

El senador radical Sergio Moralejo indica que con la ley se está tratando de mitigar los riesgos de administrar partidas sin marco legal, pero luego asegura que el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo es la "legitimación de la impunidad en la administración pública y un antecedente peligroso para que sea una tentación quedarse sin Presupuesto. Se consagra la discrecionalidad y será muy difícil controlar el gasto público porque no hay partidas votadas".

Casi en sintonía, el senador Carlos Aguinaga dice que es "un atajo del Gobierno para no tener que contar con Presupuesto. Es un retraso institucional, porque se destruye una de las pocas reglas de juego para cambiarlos por la voluntad de gastar sin consenso".

El proyecto nace de la falta de ley de Presupuesto 2014, norma que se trabó en la Legislatura por los constantes chisporrotazos ante la negativa opositora a autorizar el nuevo endeudamiento pedido por el oficialismo y la sumatoria de torpezas en la negociación. De acuerdo al inciso 3 del artículo 99 de la Constitución, "si la Legislatura no sancionare el presupuesto general de gastos hasta el 31 de diciembre, continuará el vigente en sus partidas ordinarias".

Tomando este inciso, el Ejecutivo redactó un proyecto de ley que ahora apura en la Legislatura.

¿Qué dice el proyecto? Incluye un capítulo entero en la Ley 3.799 de Contabilidad, capítulo que consta de siete artículos redactados por el Ejecutivo, para reglamentar lo que llaman la reconducción del Presupuesto, para poder modificar las partidas votadas el año pasado, que son las que están vigentes por falta de una pauta aprobada para 2014.

En el texto se indica que en las erogaciones del "presupuesto reconducido" hay que suprimir los gastos financiados con recursos afectados no repetitivos; incluir los créditos presupuestarios indispensables para el pago de intereses y amortización de la deuda pública, e incluir los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad del Estado.

Quizá uno de los apartados más polémicos del proyecto remitido por el Ejecutivo es el que prescribe "incluir las autorizaciones y los recursos provenientes del uso del crédito público legalmente autorizado en el presupuesto reconducido"; es decir, que la autorización legislativa para tomar deuda otorgada el año anterior puede usarse en el corriente. En el párrafo siguiente incluye una cláusula limitante, en la que se indica que lo que se obtenga en este concepto debe destinarse al pago de deuda, que era el destino que pretendía dar el Ejecutivo al endeudamiento que pidió en su proyecto de Presupuesto que rechazó la oposición, fundamentalmente el radicalismo.

El artículo 41 de la Constitución indica: "No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara". Pero, de aprobarse esta ley, el Ejecutivo contaría con la autorización a tomar créditos por 1.270 millones, con una ley sancionada con mayoría simple.

El problema es que el Gobierno ya tomó 750 millones de los 1.270 millones autorizados el año pasado y le queda un remanente de casi 500 millones pero, si se sanciona la ley en cuestión, contaría con el remanente del año anterior, más 1.270 nuevos. En este punto la oposición pone el grito en el cielo.