A un mes de haber sido anunciado, todavía no está el decreto que obliga a los funcionarios a presentar declaración jurada de sus bienes. Si bien la disposición fue una de las promesas que hizo el gobernador Francisco Pérez en su discurso de la Asamblea Legislativa del 1° de Mayo, todavía la reglamentación no sale publicada en el Boletín Oficial y en la oposición apuntan a que “hay una cuota de hipocresía porque no quieren ser controlados”.

En las explicaciones, en el Gobierno dijeron que si bien “el decreto está listo”, aún no sale porque “se están evacuando algunas dudas legales en torno a si se puede o no levantar el secreto fiscal de las declaraciones juradas hechas a las AFIP”.

El subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Tobares, encargado de llevar adelante las publicaciones en el Boletín Oficial, explicó en este sentido que el interrogante gira alrededor de que si es suficiente un decreto o necesita de ratificación legislativa o ser directamente un proyecto de Ley.

Con estas dudas en torno a la forma legal del anuncio, la disposición sigue demorada. La idea del gobernador de sacar un proyecto de “transparencia” por decreto se entendió en el marco del debate frenado en la Legislatura en torno a una Ley de Ética Pública. El formato de un texto que sólo necesita la firma de Pérez y ser publicado en el Boletín Oficial, hizo suponer que estaría a los días del anuncio.

Incluso, este diario publicó en su edición del 3 de mayo que esa semana podría ser publicado el decreto. Pero las no previsiones en cuanto a su formato legal paralizaron, al menos por el momento, el anuncio de Pérez.

Sin fecha para el decreto

Por lo pronto, el decreto no tiene fecha. En casa de Gobierno señalaron que la legalidad de levantar el secreto fiscal está siendo estudiado por Fiscalía de Estado.

“El secreto fiscal que se elimina es para poder cargarlo en internet. Una de las novedades que tiene es que se va a hacer pública la información vía internet, ese tema se está analizando por Fiscalía de Estado”, explicó Tobares y a su vez respondió por qué Pérez, en lugar de anunciar un decreto sin considerar su forma legal, no le dio otro impulso al proyecto que él mismo envió a la Legislatura hace un año y medio.

“La diferencia entre la ley de Ética Pública y el anuncio del Gobernador es que el primero abarca distintos proyectos y temáticas, una discusión más amplia de lo que se entiende por ‘ética’, por ‘funcionario’.

En cambio, lo que se planteó en esta oportunidad es algo muy concreto que es la obligación de que todos los funcionarios y aquellos que tienen manejo de caudales públicos, como los directores de administración, jefe de policía y directores de escuelas transparenten sus ingresos”, comparó Tobares.

Justamente, en la Legislatura hay varios proyectos de Ética Pública cajoneados, que desde el 2000 hasta el año pasado intentaron infructuosamente ver la luz.

Los más recientes corresponden a uno que envió el diputado radical Tadeo García Zalazar, en el 2012 y a otro que, curiosamente fue enviado por el mismo Ejecutivo a fines del 2013, en cumplimiento a uno de los anuncios que también hizo Pérez en el discurso de 1° de Mayo de aquel año.

Ambos aguardan en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales en Diputados. “Tampoco hay un dictamen del oficialismo en LAC, en donde son mayoría”, apuntó García Zalazar. El diputado señaló que, una vez que conocieron de boca del Gobernador la intención de reactivar esta discusión, manifestaron ante la comisión que estaban dispuestos “a consensuar” los puntos en los que presentan mayores diferencias.

Estos tienen que ver con los dos ejes centrales que hacen a la ley de Ética Pública: por un lado, cuál debe ser el organismo de control, y por el otro, cuál es la sanción a aquellos funcionarios o agentes con manejo de caudales públicos que no quieran declarar sus bienes patrimoniales.

En la UCR sostienen que el organismo de control debe surgir a partir de “la creación de una oficina de transparencia, un organismo con autonomía y autarquía con acuerdo del Senado”, en cambio la última propuesta de Pérez sugiere que esta tarea puede ser realizada por Fiscalía de Estado.

“Al fiscal lo define el Ejecutivo, no lo vemos con la suficiente independencia”, opinó el legislador radical aunque admitió que está dispuesto a debatir este punto.

En cuanto a las sanciones, la UCR prevé ir más allá que el Ejecutivo y no sólo plantear el descuento de una parte del sueldo, sino considerar algún tipo de inhabilitación para quien se niegue dar este paso de transparencia.

“Si somos bien pensados, podemos suponer que la ley no sale porque el Gobierno quiere protagonismo. Pero si somos mal pensados podemos suponer que no quieren ser controlados. En esto hay una cuota de hipocresía”, criticó García Zalazar, haciendo uso de una palabra que Pérez usó en su discurso para referirse a la oposición.