La aclaración apuntó a neutralizar otra queja de la Corte, que advierte que la ley podría ser declarada inconstitucional si la independencia financiera de la Justicia no queda escrita en la propia Carta Magna.

Pérez dijo que esta ley, después de ser sancionada, seguramente quedará plasmada en la Constitución. Sin embargo, sostuvo que el proceso para reformar la Carta Magna es muy largo y la autarquía "recién se aplicaría en 2016" si el Poder Ejecutivo elegía ese camino.

El mandatario también dejó en claro que este proyecto no vulnera la intangibilidad salarial de los jueces y prometió que los técnicos del Poder Judicial podrán participar del debate de los números en la Legislatura, que se producirá primero en la Cámara de Diputados.

"Vamos por más fondos para la Justicia", aseguró Pérez, en una charla con periodistas en la que siempre intentó mostrar que tiene el apoyo de la Corte, a pesar de la ausencia de sus principales referentes ayer en la Casa de Gobierno.

El gobernador blanqueó en esta conversación que tuvo un encuentro privado el martes con el presidente de la Corte, Pedro Llorente, y sostuvo que con él "muchas veces tenemos diferencias de criterio", aunque siempre buscan aunar opiniones para mejorar la Justicia.

El estado de relación con la Corte fue mucho más difícil de explicar para Pérez que el que tiene con la oposición, donde los referentes radicales dejaron en claro que lo apoyan en la cruzada.

Armando Camerucci, jefe del bloque de senadores, expresó que no cree que el proyecto sea inconstitucional y hasta marcó que casi no hay diferencias de porcentajes entre este proyecto y el de Roberto Iglesias, que asignaba a la Justicia 8,6 % de los recursos.

En cambio, los demócratas tomaron un poco más de distancia: el senador Carlos Aguinaga afirmó que, antes de definir su posición, hablarán con la Corte y los empleados judiciales.