La Corte Suprema de Justicia, con la participación de dos representantes (uno por cada uno de los Colegios de Abogados que funcionan en la provincia), debería elevar una terna al Poder Ejecutivo, para que este eligiera a uno de los propuestos, de manera de cubrir provisoriamente cada vacante. Este sistema prevé el proyecto presentado por la legisladora oficialista Olijela Rivas para la selección de jueces subrogantes o interinos hasta que se destrabe la controversia sobre la integración del Consejo Asesor de la Magistratura, que permitirá la designación de quienes ocuparán los cargos en forma definitiva.

La iniciativa promueve que se declare la emergencia del Poder Judicial frente a las numerosas vacantes que hay (sumarán 20 desde el 1 de diciembre) y que no pueden ser cubiertas en propiedad. Por eso, establece que la Corte Suprema llame a la inscripción de interesados a desempeñarse como magistrados interinos, siempre que reunieran las condiciones establecidas por la Constitución provincial para los diferentes cargos.

La legisladora considera que, 30 días después del cierre de inscripción de postulantes, la Corte (junto con los representantes de los Colegios de Abogados de esta capital y del Sur), eleve una terna (por cargo) “mediante un acto motivado” y luego de haber dado “preferencia a quienes se hayan desempeñado o tengan antecedentes específicos en el fuero vacante”.

Independencia de criterio

Rivas promueve la participación de los abogados, pese a la larga confrontación que la entidad que reúne a los letrados de la capital mantiene con el gobierno de José Alperovich. El propio mandatario destacó en más de una ocasión que los abogados no deben participar en la selección de los jueces.

En los fundamentos de la iniciativa, la justicialista justificó con énfasis su propuesta. “Quienes están en mejores condiciones de abordar el análisis y selección en esta emergencia son la Corte Suprema y los Colegios de Abogados que controlan la matrícula profesional, que deberán realizar la selección mediante acto fundado”, recalcó.

En forma implícita, el proyecto permite que se inscriban todos los abogados que cumplan con los requisitos constitucionales, aun cuando ya cumplieran funciones públicas, incluso en el Poder Judicial. Por eso, en previsión de que resultaran elegidos para un interinato, determina: “se les otorgará licencia sin goce de sueldo en cualquier otro cargo que desempeñaran en cualquier otra dependencia del Estado provincial”.