El secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la CTA, Marcos Wolman, explicó los alcances de un proyecto de ley destinado a sustituir la ley de movilidad por la que el Gobierno nacional dispuso instrumentar cada año dos subas en las remuneraciones de los jubilados, asegurando que la normativa vigente "no es constitucional ni respeta los fallos de la Corte" respecto del modo en el que deben ser calculados y recompuestos los haberes.

"En este momento la previsión social se rige por una serie de leyes que deben ser derogadas y que perjudican tanto a los jubilados como a los trabajadores en actividad", le explicó Wolman a LA CAPITAL, destacando que por ese motivo 13 legisladores nacionales presentaron el año pasado un proyecto elaborado en el seno de la CTA para sustituir todas estas normas, incluyendo la ley de movilidad. "Algunas de las leyes vigentes fueron sancionadas durante la década menemista y no se han tocado. Una de ellas es la que determina cómo calcular el monto de las jubilaciones que hacen que un jubilado cobre hoy menos de la mitad de lo que le correspondería cobrar de acuerdo a los fallos de la Corte Suprema, que obligan a pagar en función del salario que perciben los trabajadores activos", comentó.

"Por lo tanto nosotros planteamos la derogación de la leyes vigentes que no solamente perjudican a los actuales jubilados sino a todos los trabajadores en actividad", sostuvo Wolman. Según explicó, el proyecto presentado en 2010 en el Congreso y que aún no tuvo tratamiento "reivindica un principio avalado por la Corte que determina que la jubilación es el sustituto del salario y que por lo tanto debe tener un monto del 82% móvil del trabajador activo en su misma categoría, cargo o función, actualizado de acuerdo a los aumentos que se vayan dando".

Wolman precisó que este criterio no sólo está ausente en las leyes sancionadas durante los `90 para determinar cuál es el haber que debe percibir cada jubilado, sino también en la ley de movilidad por la que se dispuso otorgar dos aumentos al año. "La actual ley de movilidad también es criticable y debe ser derogada porque crea una fórmula propia para aplicar los aumentos, sin considerar que las recomposiciones tienen que estar relacionadas con la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad", explicó. Por otra parte Wolman señaló que otro eje del proyecto impulsado por la CTA establece que "no puede haber una jubilación mínima inferior al salario mínimo vital y móvil" ya que en la actualidad "el 76% de los jubilados está en el mínimo de la jubilatoria con un haber neto de 1190 pesos, lo que hace imposible la vida para quienes están debajo de los límites de la indigencia y la pobreza".

Según explicó, la iniciativa tiene un tercera propuesta, consistente en la creación de un Instituto de Previsión Social Nacional que se ocupe exclusivamente de las jubilaciones" y reemplace a la Anses, a la que consideró una "entidad pública cuyos fondos se utilizan para varios temas como la Asignación Universal por Hijo, pensiones no retributivas o cubrir déficits de distintas cajas". Wolman sostuvo que la existencia de un instituto que sea "dirigido por los jubilados, los trabajadores y el Estado para manejar el aporte de los trabajadores, las contribuciones patronales y los aportes del Estado permitiría mejorar la situación de los jubilados de manera sustentable" haciendo que "todos los demás gastos sean sostenidos con el Presupuesto nacional".