El Estado provincial aún está mensurando los costos por las millonarias pérdidas materiales generadas tras los saqueos producidos entre el 9 y el 11 de diciembre pasado. Este asunto iba a ser llevado al recinto mañana, ya que el oficialismo había logrado el dictamen para un proyecto de ley requerido por la Casa de Gobierno, que contemplaba subsidios en forma de crédito fiscal para seis empresas damnificadas, por un total de $ 31,34 millones. Sin embargo, la comisión de Labor Parlamentaria decidió confeccionar el orden del día con otras iniciativas, y fuentes de la Cámara indicaron que ese asunto quedará en espera hasta tanto otras firmas estén en condiciones de recibir esta ayuda.

El debate que se iniciará mañana desde las 14.30 en el edificio de calle Muñecas y avenida Sarmiento incluirá al menos nueve proyectos de ley. De ellos se destaca la puesta en vigencia de “una nueva moratoria impositiva, que incluirá a los municipios y comunas”, según informó la Cámara. Se discutirá además sobre otros dos subsidios: uno para el sector cañero y otro para la firma EDET. En este caso, los fondos deberán ser utilizados “específicamente para que la empresa proveedora de energía realice obras de infraestructura en todo el territorio provincial”. Los recursos serán girados por el Gobierno nacional, y forman parte de un acuerdo para que no se incrementen las tarifas, indicó una fuente del oficialismo.

En el temario de mañana figura también la votación para los pliegos como magistrados de las letradas Malvina Seguí, propuesta por el PE (a instancias de la terna del CAM) como candidata a vocal de la sala II de la Cámara del Trabajo del Centro Judicial de Concepción; y de María Alejandra Balcázar como vocal de la Sala IV de la Cámara Penal de la Capital.

Ayer, hasta antes de la reunión de Labor Parlamentaria, celebrada al mediodía, el alperovichismo preveía que se iba a tratar el proyecto para subsidiar a comerciantes víctimas de los saqueos.

El legislador Guillermo Gassenbauer (PJ), titular de la comisión de Economía de la Cámara y vocero de la Casa de Gobierno, detalló que el proyecto de ley ya tiene dictamen favorable, y que los beneficios en forma de crédito fiscal llegarán también a las demás firmas que logren regularizar su situación ante la Secretaría General de la Gobernación, oficina encargada de tramitar los subsidios. “No se ha dejado ni se va a dejar afuera a nadie. Ahora son estas seis empresas, porque son las que han prestado conformidad y son las más grandes. Pero se van a cubrir todos los montos reclamados”, dijo.

El legislador de la Democracia Cristiana, José Manuel Páez, planteó que el proyecto alperovichista “es cuestionable porque discriminan a negocios de menor escala”. “Las reglas de la equidad exigen que los más débiles sean auxiliados por el Estado, en razón de haber sido los más castigados por los saqueos, la devaluación y la recesión, valoración ausente en el texto girado por el PE”, afirmó.

En diciembre pasado, la Policía dejó de prestar el servicio de vigilancia en las calles debido a una disputa salarial. En ese contexto, grupos de personas comenzaron a atracar supermercados, almacenes, negocios de electrodomésticos y otros locales. Los incidentes generaron además la muerte de ocho personas, según cifras extraoficiales. Por estos hechos, policías y presuntos saqueadores están siendo procesados en la Justicia provincial. Para tratar de subsanar las pérdidas materiales, el gobernador, José Alperovich, firmó junto al ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, el decreto 30/3, que reglamentó la ley N° 8.651 (de asistencia a los comerciantes víctimas de saqueos). Hasta inicios de febrero pasado, sólo cinco empresas habían requerido ingresar a este programa a la secretaria general de la Gobernación, Carolina Vargas Aignasse. Finalmente, el listado que llegó a la Legislatura consta de seis compañías, según el proyecto al que accedió LA GACETA: Wall Mart Argentina SRL ($ 15 millones); Emilio Salvador Luque ($ 5,5 millones); Sancor Coop. Unidas Ltadas ($ 4 millones); Disal SA ($ 3,6 millones); Jumbo Retail Argentina SA ($ 2,45 millones); y Agdo. Castillo SA ($ 667.000).

En su artículo 1°, la iniciativa oficial dispone el otorgamiento de “un subsidio en certificados de crédito fiscal nominativos e intransferibles a las personas físicas y/o jurídicas incluidas (en la nómina)”. Esos créditos “podrán ser aplicados al pago de los tributos provinciales -Ingresos Brutos, para la Salud Pública e Inmobiliario- de los que resulten responsables, con excepción de los tributos retenidos y/o percibidos a terceros”.