Un grupo de 10 familias de la ciudad de Concordia, que intrusaron hace cinco años una propiedad en la intersección de Teniente Ibáñez y Gualeguay, quiere frenar el desalojo que propicia el titular del terreno. La Justicia alertó a los vecinos de la irregular situación a través de carta documento, una acción que habría promovido el propietario con el propósito de alcanzar un acuerdo con las personas que residen transitoriamente allí. La causa se sustancia en el Juzgado Civil y Comercial N°2 de Concordia se encuentra en su etapa preliminar. “Hace dos meses compré acá en 10.000 pesos el terreno”, cuenta José Zaldivas, uno de los habitantes del improvisado complejo habitacional. El hombre que se gana la vida haciendo changas, como la mayoría de sus vecinos, explicó los motivos por los cuales adquirió el terreno.“Estaba desesperado”, aseguró en diálogo con UNO.

Según su versión, el supuesto dueño de la propiedad que se llamaría Ángel Perilli “quiere que la Municipalidad se haga cargo de la compra del lote”. Para ello habría impuesto una serie de condiciones: que la comuna le abone un 50% en efectivo y el resto que se lo descuenten de los impuestos que aporta. De acuerdo a la misma fuente, el espacio donde se distribuyen las casillas estaría tasado en alrededor de 500.000 pesos.

“Cuando se inició todo esto, el titular quería venderlos”, añadió el vecino. Los moradores del asentamiento se niegan a aceptar ese ofrecimiento, por considerar que no están en condiciones de pagar el monto que pretende el propietario.

“Es mucha plata para la gente vive acá, que en su mayoría trabaja en la plantación de la fruta y en otras actividades para subsistir. El terreno vale mucho menos de lo que estamos hablando”, indicó.

A la espera de respuestas

Tanto Zaldivas como el resto de los vecinos vienen gestionando una reunión con autoridades de la Municipalidad de Concordia para solucionar el conflicto. Pero hasta el momento no han recibido una contestación a su demanda. “Nos tienen a las vueltas, y nosotros queremos saber qué quiere la otra parte”, aseveró. Luego de discutir varias propuestas, los moradores plantearían la posibilidad de acordar un plan de pago de 1.000 pesos por mes. “Nosotros estamos dispuestos a pagar, no somos problemáticos”.

Si bien el desalojo no sería inminente, está previsto que recién se avance en la cuestión a fin de año. Ante este panorama las familias que allí residen quieren ponerle punto final al prolongado litigio.