Se trata de una iniciativa mediante la cual se ordena al Gobierno Municipal a que deje sin efecto todos los llamados a licitación pública o privada que excedan los importes determinados en el presupuesto vigente (a excepción de los llamados necesarios para el normal funcionamiento del Municipio), hasta tanto no se presente el Presupuesto Año 2014, lo ejecutado en el último cuatrimestre del 2012 y la totalidad de lo ejecutando en 2013. Además, en otro artículo de la resolución se solicita la intervención del Tribunal de Cuentas en caso de no recibir la información solicitada.   Por otra parte, en la sesión de hoy se aprobó una resolución de Grasso en la que solicita a la Intendencia que a través de la Secretaría de Obras Públicas se concurra de inmediato al asentamiento adyacente al barrio Los Lolos para proceder a dar solución a los problemas que se presentan allí. A su vez, habida cuenta de que se trata de un asentamiento ilegal, se solicita a la intendencia interiorizarse en el estado de la causa judicial.     Otro expediente de la edil que tuvo el mismo tratamiento fue el que solicita al área de Transporte Público Municipal intensificar las inspecciones en la empresa concesionaria del servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, Taisur, a fin de que ésta cumpla con la ordenanza en vigencia en cuanto a los recorridos programados en horario y frecuencia establecida.   También por voto unánime fueron aprobados hoy sendos proyectos de resolución presentados por el concejal Figueroa. Uno de ellos solicita al Ejecutivo Municipal que en un plazo de 48 horas informe el Plan invernal previsto para este año, a fin de prevenir vicisitudes de cualquier índole; un segundo proyecto pide al D.E.M. que a través de la Dirección de Servicio y Control de Actividades Económicas informe sobre la cantidad de lavaderos de autos habilitados en la ciudad.   Por último, con la mano de cinco concejales, se sancionó una ordenanza que incrementa las multas por violación, destrucción, ocultamiento o alteración de sellos, precintos o fajas de clausura dispuestos por la autoridad administrativa o judicial en locales, vehículos, bienes muebles secuestrados o intervenidos, llevándola a un monto entre 15.000 y 30.000 módulos y/o clausura o inhabilitación temporaria o definitiva.