Presupuesto 2011, Defensor del Pueblo y animales de tiro en el Concejo

Ayer poco después de las 20 comenzó la reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Deliberante que iba a definir la discusión sobre el proyecto de Presupuesto Municipal para el próximo año.
Las primeras objeciones al esquema de recursos y gastos municipal de 2011 surgieron al momento de su presentación el 22 de noviembre, cuando concurrieron al Concejo los secretarios de hacienda y Obras Públicas de la municipalidad.

Desde aquella fecha hasta el presente no hubo información oficial del cuerpo consignando reuniones de la comisión de Hacienda para tratar el presupuesto.

La elección de nuevas autoridades del cuerpo, el viernes 3 de diciembre y el cierre de listas con vistas a las elecciones internas del 30 de enero, ocupó la agenda de los concejales, principalmente del oficialismo, donde hubo que dedicar un tiempo considerable a recomponer relaciones, después de la sorpresiva elección de Matías Cánepa en la presidencia del Concejo.

Tanto es así que Cánepa declinó presentarse como candidato a concejal.

Las obras que pidieron los vecinos ante el Concejo, el incremento de las partidas destinadas al programa de Guarderías Infantiles en los barrios sancionado por el Concejo, las partidas discriminadas para el cuerpo fueron algunas de las correcciones que se iban a introducir al presupuesto.

Los concejales de la oposición anticiparon la intención de limitar la posibilidad de transferencias de partidas y eliminar los gastos sin rendición.

En el orden del día previsto para hoy a las 14 figura además el proyecto Ordenanza que crea el programa Educación Vial y Conciencia Ciudadana el cual tendrá como objetivo primordial establecer las bases para lograr la paulatina prohibición de circulación y utilización en todas sus formas de animales en el tiro de vehículos de tracción a sangre en el ejido municipal de la ciudad de Salta.

Se tratará además el proyecto de ordenanza que modifica la forma en que se designa al Defensor del Pueblo en el que se admite la posibilidad de que el postulante al cargo sea un ciudadano común, sin el requisito de contar con título de abogado o contador, siempre y cuando cumpla con las exigencias para ser candidato a senador y por simple mayoría de votos, mediante un registro de postulantes.

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