El director de Derechos Humanos de General Pueyrredon, José Luis Zerillo, criticó el proyecto para trasladar la cárcel de Batán, un antiguo reclamo motorizado por diversos sectores que en los últimos años resurgió de la mano del actual precandidato a intendente por el PRO, Emiliano Giri.

"Los argumentos claramente estigmatizantes utilizados para plantear la discusión marcan un claro retroceso: el argumento de que hay que cerrar la cárcel de Batán porque las familias de las personas que cometen delitos van a cometer delitos nos hace retroceder 150 años", dijo ayer Zerillo a LA CAPITAL.

"Por otro lado, se olvida que las cárceles existen porque existe el delito; no es al revés. Dar vuelta la argumentación genera una situación de intranquilidad en los habitantes", agregó el funcionario marplatense al término de la 3ª jornada "Políticas post penitenciarias e inclusión social" que se realizó en el Senado bonaerense en La Plata.

Zerillo señaló además que "los números nos dan cuenta de que a diferencia de lo que se argumenta, la mayoría de la población carcelaria de todo el complejo de Batán es oriunda de Mar del Plata, no vienen desde afuera para quedarse en la ciudad".

En ese sentido, remarcó que "el 80% de las personas privadas de su libertad en el complejo de Batán son oriundos de Mar del Plata".

El juez de Garantías N° 5 de Mar del Plata, Gabriel Bombini, también se mostró en contra de un posible traslado del penal.

"Es un proyecto inviable", sostuvo a LA CAPITAL al salir de la jornada.

"Hay un funcionamiento de la estructura judicial y penitenciaria que, para la ejecución de las penas privativas de libertad y la prisión preventiva, requiere establecimientos carcelarios, con lo cual sería una cuestión materialmente inviable", aseguró Bombini.

El juez se inclinó más bien por la creación de "programas tendientes a mejorar la infraestructura de la cárcel, a realizar actividades tendientes a seguir la situación de las personas excarceladas o las personas que son liberadas una vez cumplida una pena o que tienen alguna modalidad de libertad condicional".

Reincidencia

La jornada organizada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara Alta, senadora Mónica Macha (Nuevo Encuentro), contó con la presencia de referentes de DDHH de municipios de distintos puntos de la Provincia.

Durante el encuentro se analizó el proyecto de Ley de la senadora sabbatellista, que apunta a la articulación entre el Poder Ejecutivo y los 135 distritos para el diseño e implementación de una política integral de inclusión de personas que estuvieron presas en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Para Zerillo, "el municipio no puede estar ajeno a políticas que tienen que ver con su territorio y su población?.

Consultado sobre las estrategias para evitar la reincidencia delictiva, el director de DDHH consideró que ?no hay una solución única, ni una fórmula mágica; es una tarea compleja".

"Es una tarea que está atravesada, por un lado, por la subjetividad de la persona que fue privada de su libertad y por su voluntad de internalizar una conducta disvaliosa y producir un cambio, pero también -y fundamentalmente- por el nivel de posibilidades y oportunidades que dé el Estado. Y ahí es donde no podemos fallar", aseguró.

Finalmente, Zerillo reconoció que "está claro que el Estado todavía no ha logrado articular políticas efectivas y desde la Municipalidad entendemos que estamos en condiciones de tomar un rol más activo, más preponderante al momento de pensar emprendimientos productivos que puedan desarrollarse con posterioridad a haber cumplido la pena".

La "puerta giratoria"

LA PLATA (C) ? El lunes pasado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó su informe anual 2015 sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

El informe demostró cifras alarmantes en los penales bonaerenses: al menos 548 muertes durante el último año, 600% de índices de sobrepoblación en algunas comisarías, aumento de la tasa de encarcelamiento, récord histórico de casi 35 mil detenidos, más de 20 mil denuncias por casos de tortura y malos tratos y uso sistemático de la prisión preventiva.

Consultado acerca de la sobrepoblación de las cárceles, Zerillo manifestó que "es cierto que la cantidad de personas detenidas en la provincia de Buenos Aires ha aumentado significativamente, lo cual también permite contrariar alguna argumentación con la existencia de una supuesta "puerta giratoria"".

"Si existiera esa "puerta giratoria", no habría 35 mil personas detenidas, que es el número más alto al que ha llegado la Provincia en detenciones", agregó.